Soberanía mexicana; auténtica implosión

Jaime Flores Martínez

Martes 4 de agosto del 2026.- La palabra “soberanía” se ha convertido en uno de los conceptos más recurrentes del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Invoca este término especialmente frente a las críticas provenientes de Washington, ante los señalamientos de gobiernos extranjeros e incluso para responder a cuestionamientos relacionados con la seguridad nacional.

Sin embargo, la discusión de fondo permanece intacta: la mayor amenaza para la soberanía mexicana no parece encontrarse fuera de las fronteras, sino dentro de ellas.

Resulta difícil sostener que México ejerce plenamente su soberanía cuando amplias regiones del país permanecen bajo la influencia del crimen organizado.

Municipios donde los cárteles imponen horarios, cobran derecho de piso, reclutan menores de edad, expulsan comunidades enteras y sustituyen al Estado.

Así pues, difícilmente se puede presumir una soberanía efectiva.

La Constitución reconoce un solo poder legítimo, aunque en realidad, en amplias zonas del país la visión es otra.

Datos oficiales respaldan esa preocupación pues solamente durante los últimos años, los informes del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de organismos especializados, han documentado el desplazamiento forzado de comunidades, la expansión de las economías criminales y la persistente presencia territorial de organizaciones del narcotráfico.

A ello se suman más de 130 mil personas desaparecidas registradas oficialmente y niveles de violencia que continúan entre los más elevados del continente.

En ese contexto cobra especial relevancia el reciente discurso pronunciado por la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más críticas del populismo iberoamericano.

Durante una de sus intervenciones más recientes, la legisladora sostuvo que la soberanía mexicana no enfrenta su principal amenaza en Estados Unidos, España o cualquier otro actor extranjero, sino en tres flagelos internos: el crimen organizado, el populismo autoritario y una creciente cultura de “dependencia ciudadana”.

La legisladora desarrolló un diagnóstico que ha generado amplio debate pues según su planteamiento el narcotráfico y el populismo establecen una relación funcional.

Ella afirma que grupos criminales ocupan territorios, eliminan libertades básicas y desafían al Estado. Paralelamente —asegura—los gobiernos populistas debilitan los contrapesos institucionales, desacreditan a los organismos autónomos y concentran el poder político, lo cual crea condiciones que favorecen la impunidad.

Álvarez de Toledo fue todavía más lejos al sostener que esa convergencia termina por configurar un “narcoestado”. Se trata de una interpretación política que divide opiniones y que —obviamente— el gobierno mexicano rechaza de manera categórica.

La diputada argumenta que el crimen organizado requiere instituciones débiles para operar con impunidad, mientras que los proyectos populistas encuentran en los grupos criminales aliados territoriales y fuentes de control político indirecto.

Su tesis sostiene que ambos fenómenos se fortalecen mutuamente.

La tercera amenaza identificada por la legisladora española resulta menos visible, aunque no menos preocupante desde su perspectiva: la dependencia social.

Su argumento consiste en que una política pública basada principalmente en subsidios permanentes puede transformar al ciudadano en un votante cautivo.

Si la subsistencia depende del gobernante, entonces disminuye la capacidad para cuestionarlo o retirarle el respaldo político.

En esa lógica, la soberanía deja de residir en el individuo para concentrarse en quien administra los recursos públicos.

El señalamiento adquiere relevancia en México porque coincide con un proceso de debilitamiento institucional ampliamente documentado. Durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación desaparecieron organismos autónomos, se redujeron facultades de instituciones de vigilancia y se impulsaron reformas que modificaron el equilibrio entre poderes.

Sus defensores sostienen que dichas medidas eliminan privilegios y fortalecen al Estado, mientras que sus críticos afirman que reducen los mecanismos de control democrático precisamente en momentos que el país enfrenta la mayor expansión del crimen organizado de la historia reciente.

Paradójicamente, mientras el discurso oficial coloca la soberanía como un escudo frente a los cuestionamientos externos, millones de mexicanos enfrentan una realidad donde la autoridad del Estado resulta insuficiente para garantizar seguridad, libertad de tránsito o protección patrimonial.

La soberanía no se acredita mediante discursos, sino mediante la capacidad efectiva del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y proteger a sus ciudadanos.

Quizá la verdadera discusión no consista en determinar quién amenaza la soberanía desde el extranjero sino en explicar por qué amplias regiones del país permanecen sometidas al poder criminal sin que el Estado logre recuperarlas plenamente.

Si el gobierno pretende reivindicar la soberanía nacional, el primer territorio que tendría que reconquistar no se encuentra en los foros internacionales, sino dentro de las propias fronteras mexicanas.

Nadie podrá rebatir que la soberanía comienza en el momento que ningún mexicano necesita pedir permiso al crimen organizado para vivir en su propia tierra.