Se reconocerá en BC servicio social como experiencia laboral

Redacción

Tijuana, 10 de noviembre de 2026.- El servicio social se considerará experiencia laboral acreditable para los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal en la entidad, luego de que el Congreso estatal aprobara reformar la Ley de la Juventud de Baja California, con el fin de ampliar las oportunidades de empleo para las juventudes.

La reforma, impulsada por el diputado Diego Lara, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, incorpora el artículo 36 Bis a la legislación estatal, estableciendo que las actividades realizadas durante el servicio social deberán considerarse como experiencia laboral, siempre que guarden relación con el perfil académico y profesional del puesto solicitado. 

El legislador señaló que uno de los principales obstáculos para las y los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral es la exigencia de experiencia previa, pese a que durante su formación académica desarrollan actividades profesionales, adquieren habilidades y asumen responsabilidades a través del servicio social. 

Con la modificación legal, ninguna convocatoria o proceso de selección podrá excluir a una persona joven bajo el argumento de falta de experiencia cuando ésta se encuentre acreditada mediante una constancia de servicio social expedida por la institución donde realizó sus actividades y dicho documento deberá especificar las funciones desempeñadas y las competencias adquiridas. 

La modificación también fortalece la vinculación entre la formación académica y el ámbito laboral, al reconocer el servicio social como una experiencia que permite aplicar conocimientos y desarrollar capacidades profesionales, con lo que se busca reducir las condiciones de desigualdad que enfrentan las juventudes al solicitar su primer empleo y favorecer su incorporación al sector productivo. 

Asimismo, establece que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal deberán actualizar sus lineamientos de reclutamiento, selección y contratación en un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.  

Esta reforma incorpora a la Ley de la Juventud un mecanismo para reconocer las capacidades adquiridas y fortalece el derecho de las juventudes a tener acceso a oportunidades de empleo en condiciones de mayor igualdad.