SCJN “balazo en el pie”

Jaime Flores Martínez

Jueves 9 de abril del 2026.- Descarados en su papel de “auténtico instrumento del poder político”, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron reprimir a los disidentes de la 4T al permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) proceda al congelamiento de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial.

¡Eso se llama represión!

Y es que, hace apenas unos días, los ministros autorizaron que la UIF inmovilice cuentas bancarias con “la pura sospecha” de un eventual delito. Primero el garrotazo y luego la investigación.

Aunque la medida autorizada por la Corte entrará en vigor al momento de publicarse en el órgano oficial judicial. Es decir, podría ser en los próximos días.

El asunto es alguien pudo decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum que con la decisión de la SCJN, su gobierno podría darse “un balazo en el pie” porque ya son incontables los casos de personajes morenistas involucrados en escándalos de corrupción.

Los detractores del sistema fácilmente podrían decir que “en casos específicos “, no hay “sospechas “ sino “certezas “.

Ahí está el escandaloso enriquecimiento de Adán Augusto López Hernández, Andy y Boby López Beltrán, Manuel Bartlett Díaz e Ignacio Ovalle (extitular de Segalmex).

Para dar contexto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió abrir la puerta a una de las medidas más controvertidas en materia financiera: el congelamiento de cuentas bancarias basado en “sospechas”, sin necesidad de una orden judicial previa. La resolución, discutida votada y aprobada en el pleno durante la primera semana de abril sin duda marca un punto de quiebre en la relación entre el Estado y los derechos patrimoniales de los ciudadanos.

Los ministros avalaron que las autoridades administrativas, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), puedan instruir el bloqueo de cuentas si acaso detecten operaciones presuntamente vinculadas con delitos financieros. La medida aplica sin que exista una orden emitida por un juez.

Es desconcertante que la Corte argumentó que se trata de una medida preventiva y no de una sanción definitiva.

Sin embargo, el impacto seria inmediato porque paraliza la vida económica de cualquier persona o empresa que en este caso sea señalada.

La decisión de los ministros no es menor porque llega precisamente luego de varios años de litigios en tribunales inferiores.

Estos tribunales ordenaron desbloqueos precisamente por la ausencia de control judicial.

Ahora, con este nuevo criterio, la SCJN revierte esa tendencia y fortalece el margen de actuación del Ejecutivo.

El fallo entraría en vigor una vez que se publique la tesis jurisprudencial en el Semanario Judicial de la Federación, lo que podría ocurrir en cuestión de días o semanas.

A partir de ese momento, el congelamiento sin orden judicial se convertiría en un instrumento plenamente válido y aplicable en todo el país.

Habrá que subrayar que el problema de fondo no es jurídico sino político.

En su aparente intento por robustecer el combate al lavado de dinero, la SCJN termina por validar un mecanismo que puede ser utilizado de forma discrecional.

Hasta el más ingenuo podría decir que en un país donde la línea entre justicia y persecución selectiva suele desdibujarse, esta medida equivale a darse un balazo en el pie.

Habrá que insistir que, si el criterio se aplicara con rigor, los primeros nombres en la lista no deberían salir de la oposición, sino del círculo del poder.

Personajes como Adán Augusto López Hernández, los hijos de Andrés Manuel López Obrador —señalados en múltiples investigaciones periodísticas—, o figuras como Manuel Bartlett Díaz, arrastran cuestionamientos que superan con creces la categoría de “sospecha”.

Si la lógica es congelar cuentas ante simples indicios, entonces habría que empezar por quienes concentran poder y recursos, no por ciudadanos sin capacidad de defensa.

De lo contrario la resolución de la SCJN no será vista como una herramienta contra el crimen, sino como un arma potencial de control político.

La Corte quiso fortalecer al Estado y con ello podría debilitar la confianza en la justicia, si acaso todavía existe una pizca.