Protesta frente Cancillería exhibe abandono consular de mexicanos detenidos por ICE en Denver

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 6 Enero 2026.- Familias de connacionales detenidos por el ICE en Denver protestaron este lunes en la capital del país para exigir la remoción del cónsul en Denver, Pavel Meléndez Cruz, a quien acusan de abandono, negligencia y represalias, en uno de los momentos más críticos para la población migrante mexicana bajo persecución en territorio estadounidense.

La movilización ocurrió Mientras la diplomacia mexicana se miraba a sí misma en la reunión anual de embajadores y cónsules, afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se escuchó la acusación por demás incómoda: el Estado mexicano está fallando a sus migrantes en Estados Unidos. La protesta, la encabezó Javier Calzada, líder de la organización Héroes Migrantes, quien expuso el contraste brutal entre el discurso oficial que eleva a los migrantes a la categoría de “héroes nacionales” y una práctica consular que —según los denunciantes— los deja indefensos cuando enfrentan detenciones, procesos de deportación y violaciones a sus derechos humanos.

En Denver, aseguran, la protección consular no ha sido una garantía, sino una promesa incumplida.

La protesta no fue simbólica ni retórica. Calzada y los familiares señalaron que el problema no es aislado, sino estructural: consulados encabezados por funcionarios sin carrera diplomática, sin experiencia en derechos humanos y sin capacidad para enfrentar un contexto de endurecimiento migratorio en Estados Unidos. “¿Cómo es que somos los héroes y nos mandan personas de segunda?”, reclamó el activista, al cuestionar el perfil del cónsul en Denver.

El señalamiento es especialmente grave en un momento político crítico. Colorado se ha convertido en uno de los estados con mayor número de detenciones migratorias bajo políticas cada vez más agresivas. En ese escenario, la función consular no es un trámite administrativo: es una línea de defensa jurídica, humanitaria y política para ciudadanos mexicanos privados de la libertad en un sistema migratorio punitivo.

Calzada fue más allá. Acusó a Pavel Meléndez Cruz de no sólo incumplir con sus obligaciones, sino de emprender represalias personales y de enfrentar señalamientos por acoso y asalto sexual contra un integrante del propio servicio consular. Ante la falta de respuesta institucional, anunció que llevará el caso hasta el Congreso de Estados Unidos en Washington D. C., donde buscará que legisladores revisen las denuncias y el desempeño del representante mexicano.

“La representación no la necesitamos después de las deportaciones masivas; la necesitamos ahora”, advirtió Calzada, subrayando que la inacción consular tiene consecuencias inmediatas y reales: deportaciones aceleradas, familias fracturadas y ciudadanos mexicanos indefensos frente a un aparato migratorio hostil.

Los testimonios respaldan la denuncia. En diciembre de 2025, el medio Latinus documentó casos de mexicanos detenidos en el Centro de Detención de Aurora, en Denver, que afirmaron no haber recibido apoyo del consulado. Alexis Limón, familiar de uno de ellos —detenido durante cuatro meses antes de ser deportado— fue tajante: “Buscamos apoyo, lo pedimos a las instituciones correspondientes, y fue nulo”.

La presión obligó a la SRE a reaccionar. A las puertas de la cancillería, tres funcionarias de alto nivel —Ana Luisa Fajer, presidenta de la Comisión del Personal del Servicio Exterior Mexicano; Lucía Antonio, directora general de Servicios Consulares; y Valeria Nápoles, de la Subsecretaría de América del Norte— atendieron a los manifestantes. Prometieron priorizar la defensa de los derechos humanos de los migrantes y ofrecieron abrir canales de diálogo.

Las declaraciones, sin embargo, contrastan con los hechos denunciados. “Para nosotros la prioridad son ustedes los migrantes”, aseguró Fajer. Lucía Antonio ofreció seguimiento y eficiencia. Pero para las familias afectadas, estas respuestas llegan tarde y suenan a contención política más que a solución de fondo.

El fondo del problema es conocido, pero sistemáticamente evadido: la política consular mexicana se ha burocratizado, politizado y debilitado justo cuando más se requiere profesionalismo y firmeza. Nombramientos por recomendación, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y una cultura de impunidad interna erosionan la capacidad del Estado mexicano para proteger a sus ciudadanos en el exterior.

La protesta frente a la SRE no fue un episodio aislado, sino una advertencia. Si el gobierno mexicano insiste en celebrar reuniones diplomáticas mientras ignora las denuncias de abandono consular, el discurso de “héroes migrantes” quedará reducido a propaganda vacía. En el contexto actual de persecución migratoria en Estados Unidos, la omisión no es neutral: es una forma de complicidad.

La promesa de una reunión privada para “analizar el caso” del cónsul en Denver será puesta a prueba. Para las familias y organizaciones migrantes, el tiempo de los comunicados se agotó. Lo que exigen es acción inmediata, rendición de cuentas y una diplomacia que, por una vez, esté a la altura de quienes dice defender.

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