Propone estímulos fiscales a empresas que ofrezcan transporte público accesible para personas con discapacidad

Redacción

Tijuana, 14 de junio de 2025.- Con el fin de atender lo que considera una deuda histórica hacia las personas con discapacidad, la diputada Gloria Miramontes presentó ante el Congreso bajacaliforniano una iniciativa para implementar un programa de estímulos fiscales o de otra naturaleza, a las empresas de transporte público que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios, por parte de dicho sector de la población.

La legisladora afirmó que la reforma a la Ley en la materia que propone no es una concesión graciosa, sino una deuda histórica con las personas con discapacidad, que deben ser reconocidas como ciudadanas plenas, sujetas de derechos y no como excepciones administrativas, por lo que garantizar su acceso al transporte público, representa una acción concreta que da contenido real al discurso de igualdad e inclusión.

Además, expuso que, al establecer un sistema de estímulos fiscales y administrativos para empresas de transporte público, Baja California envía un mensaje contundente: que la equidad no es solo un principio ético, sino una política pública activa que permea en todos los ámbitos, desde el transporte hasta el reconocimiento social de las diversidades humanas.

La congresista de MORENA estimó que, de instrumentar dicho programa, en un plazo de cinco años al menos 80% de las unidades del transporte público podrían estar adaptadas con criterios de accesibilidad universal, una meta que además de alcanzable calificó como estratégica.

En ese sentido, Miramontes Plantillas propuso adicionar la fracción XVI y recorrer la subsecuente del artículo 8 de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California, fundamentando en un marco jurídico robusto que reconoce la movilidad como un derecho humano. Así, contempla deducciones o exenciones en impuestos estatales (como el Impuesto sobre Nómina o derechos de renovación de concesiones); subsidios directos o cofinanciamiento para la compra o adaptación de unidades accesibles; reconocimiento oficial o certificaciones de responsabilidad social para empresas incluyentes.

Este enfoque busca cambiar el paradigma tradicional de fiscalización sancionadora por uno de colaboración e incentivo positivo, alineado con prácticas exitosas en otros estados y países.

Según el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), más de 60% de las personas con discapacidad en México enfrenta algún tipo de barrera para acceder al transporte público, y esto influye directamente en que solo el 39% participe en actividades laborales remuneradas.