Más “atole con el dedo”

Jaime Flores Martínez

Martes 9 de septiembre del 2025.- Émula de su antecesor Andrés Manuel López Obrador quien destacó —entre otras cosas— por sus incontables mentiras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deberá tragarse las palabras pronunciadas el mes pasado, al decir que “el próximo año no habría aumento de impuestos”.

Meses antes, a principios de abril, también durante la conferencia mañanera, la señora Sheinbaum presumió un incremento importantísimo en la recaudación, al precisar que había superado en 333 mil millones de pesos respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, fue la consejera jurídica del gobierno federal Ernestina Godoy, quien públicamente reveló que las bebidas azucaradas (los refrescos) estarán sujetos a un incremento del llamado IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios).

El pasado día 4 Cicuta calificó de “disfrazado” el incremento al impuesto a los refrescos contenido en el paquete económico que hoy será entregado al Congreso Federal.

Nadie podrá negar que el consumo de refrescos en México es impresionante, pues las cifras indican que, en este país, cada ciudadano —en promedio— ingiere 163 litros al año, es decir, poco menos de medio litro al día.

Habrá que añadir que el consumo de refresco en México nada tiene que ver con las clases sociales, aunque al observar que las clases pudientes alcanzarían el 8 por ciento de la población, resulta lógico saber que el aumento al precio del refresco mayormente afectará a clases populares.

Así pues, si los programas sociales que entrega el gobierno están dirigidos a la comunidad mayormente vulnerables, entonces ellos mismos financian los apoyos que reciben.

Ya oficialmente se reveló que se contempla que el año que viene, el gobierno federal repartirá alrededor de un billón de pesos (un millón de millones) en programas sociales.

Si bien el incremento al IEPS a los refrescos sería el complemento económico al monto de las pensiones, no es congruente que la autoridad vaya a justificar ese incremento de impuestos con el argumento de que “están preocupados por la salud de los mexicanos”.

Y aunque aún no lo han dicho, está claro que MORENA utilizará esa narrativa para justificar ese incremento.

Cierto que el exceso de azúcar consumida provoca enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el sobrepeso, pero no se vale que utilicen ese argumento para salirse con la suya.

La realidad es que el gobierno necesita ese dinero para repartirlo entre la gente que —al mismo tiempo— se encarga de retacarle la bolsa a la autoridad.

Para información de la gente, actualmente los consorcios refresqueros pagan al gobierno 1.64 pesos por cada litro que sacan a la venta.

Si tomamos en cuenta los actuales niveles de inflación la expectativa de los refresqueros es que el aumento sería del doble, es decir, tendrían que pagar 3.28 pesos por litro, lo que significa que el consumidor pagaría unos 5 pesos más por cada litro de refresco.

Lo que no se vale, insiste Cicuta, es que el gobierno utilice el discurso de “desincentivar” el consumo de refresco a través del aumento de precio.

Realmente el gobierno quiere que “el pueblo aporte el dinero que reciben”, es decir, ellos mismos financian los apoyos.

Resumen: más atole con el dedo.