Mujeres al frente de la mayor resistencia civil contra ICE en EU

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 8 Febrero 2026.- Activistas, autoridades locales y organizaciones civiles la describen abiertamente como una zona de guerra que se ha instalado en Minnesota.

Desde finales de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecuta en el estado uno de los operativos migratorios más agresivos de los últimos años, con un saldo que incluye dos personas asesinadas —Renee Good y Alex Pretti—, detenciones arbitrarias de menores de edad y el uso de fuerza federal en entornos escolares.

La magnitud del despliegue ha sido tal que comunidades enteras han quedado paralizadas por el miedo. Agentes encapuchados, armamento de alto poder, gases lacrimógenos y redadas en zonas residenciales y educativas han alterado la vida cotidiana en las Ciudades Gemelas.

La respuesta social, sin embargo, ha sido igualmente contundente: una red de resistencia civil encabezada mayoritariamente por mujeres que logró forzar el retiro de alrededor de 700 agentes federales tras semanas de protestas masivas, incluso bajo temperaturas extremas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó el operativo como el “más grande” en la historia del estado. No obstante, para el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, la narrativa de seguridad pública es insostenible. En declaraciones oficiales, Ellison ha denunciado que se trata de una represalia política contra un estado con políticas migratorias progresistas y gobiernos locales de mayoría demócrata.

El caso de Minnesota resulta atípico. Históricamente, los estados con mayor población migrante —como Texas, California o Arizona— han sido el foco de este tipo de redadas. Minnesota, con una población inmigrante menor en proporción, emerge ahora como un laboratorio de control represivo, donde la fuerza federal parece probar los límites legales, sociales y mediáticos de la coerción estatal.

Los casos documentados refuerzan esta hipótesis: el asesinato de Renee Good y Alex Pretti durante operativos federales, así como la detención de un niño de cinco años que fue interceptado con su mochila escolar, no son episodios aislados. Para organizaciones de derechos humanos, se trata de violaciones sistemáticas a la seguridad humana y al debido proceso, incompatibles con los estándares del derecho internacional.

Frente al vacío del Estado de derecho, la respuesta no provino de las instituciones, sino de la comunidad. De manera orgánica, una coalición de mujeres —maestras, médicas, madres de familia, abuelas, líderes religiosas y defensoras comunitarias— comenzó a articular una estructura de protección colectiva que hoy se identifica bajo la consigna “ICE OUT”.

Lejos de limitarse a la protesta, este movimiento evolucionó hacia una infraestructura de supervivencia comunitaria. En barrios enteros de Minneapolis y St. Paul, las mujeres asumieron tareas que tradicionalmente corresponden al Estado:

Redes de sustento, encargadas de distribuir alimentos, medicamentos y apoyo económico para el pago de rentas a familias que permanecen en confinamiento voluntario por temor a las redadas.

Protección civil comunitaria, con patrullajes ciudadanos encabezados por madres y docentes que resguardan escuelas, iglesias y espacios públicos ante la presencia de agentes federales.

Acompañamiento psicosocial, a través de organizaciones como Haven Watch, que brindan apoyo emocional y legal a personas detenidas y a sus familias, muchas de ellas traumatizadas por sistemas de detención ampliamente documentados como violentos.

Figuras como Mandi Jung, desde el sector educativo, y la doctora Christine Harb, desde el ámbito de la salud, se han convertido en referentes de una resistencia que entiende que sin logística no hay protección real.

Otro frente crítico de esta crisis es el hostigamiento directo a la prensa. El arresto de la periodista Georgia Fort mientras documentaba una redada encendió alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión dentro y fuera de Estados Unidos.

Para analistas internacionales, el mensaje es directo: cuando el Estado reprime a quienes documentan el uso de la fuerza, busca monopolizar la narrativa del miedo. Fort, pese a haber sido detenida y posteriormente acosada incluso en su domicilio, continúa informando. Su caso se ha convertido en símbolo de una comunidad que se rehúsa a ser silenciada.

Lo que ocurre hoy en Minnesota trasciende el debate migratorio. Está en juego la vigencia del contrato social estadounidense. La normalización de la violencia bajo el argumento de la “aplicación de la ley” amenaza con erosionar principios democráticos fundamentales.

Desde una mirada internacionalista, Minnesota ha dejado de ser un punto periférico del Medio Oeste para convertirse en un modelo contemporáneo de resistencia cívica. El liderazgo femenino en las Ciudades Gemelas demuestra que la solidaridad comunitaria sigue siendo la barrera más efectiva frente a una maquinaria estatal desbordada.

La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Mientras haya una madre dispuesta a proteger a su vecina, una maestra defendiendo su escuela o una médica resguardando a su comunidad, el autoritarismo encontrará un límite. Minnesota hoy no solo resiste: advierte al mundo.

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