Cicuta
Jaime Flores Martínez
Manuela
Más turbados que nunca por la audacia del gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez, la mayoría de los socios del Club Campestre de Tijuana se revuelven para evitar que les expropien su club de ricos.
Y es que desde hace casi 2 meses, el gobernador Bonilla amenaza con expropiar las instalaciones utilizadas por la burguesía de Tijuana para organizar pomposas fiestas y jugar golf.
Al margen del pleito que sostuvo con el alcalde con licencia Arturo González Cruz (quien fue presidente del Club Campestre), el señor Bonilla argumentó que la administración de ese lugar adeudaba agua y no pagaba el predial.
Tanto escándalo generó la advertencia de la expropiación, que de inmediato los “pudientes” comenzaron a organizarse para evitar que el mandatario cumpliera sus advertencias.
Si acaso Bonilla se atreviera a expropiar el Campestre, entonces tendría que pagar unos 100 millones de dólares que incluiría liquidar el costo de más de 800 membresías y el costo del inmueble, instalaciones y predio.
El primero de febrero pasado, Cicuta refirió la molestia que generó entre los socios del Club Campestre la amenaza del gobernador Bonilla de expropiar ese sitio.
Allí se aludió que ya se organizaban para desmentir al gobernador, pues negaban esos adeudos de predial y de agua.
También Cicuta refirió que la ley señala que en toda expropiación debe probarse la existencia de “utilidad pública”, es decir, debe justificarse que debe ser benéfico para la sociedad.
Durante las 6 semanas recientes el equipo jurídico del Gobierno Estatal ha trabajado en las estrategias jurídicas necesarias para proceder a la mentada expropiación.
El asunto es que la mañana del lunes pasado, el gobernador Bonilla subrayó que podría realizarse la expropiación sin el pago correspondiente porque el Campestre de Tijuana no tiene dueño.
Ciertamente que tiene posesionarios, aunque el gobernador asegura que utilizaron estrategias ilegales para posesionarse de ese lugar.
Además, debe ser cierto la existencia de contubernio entre los integrantes del Club Campestre e importantes funcionarios de gobiernos pasados.
Resulta lógico pensar que esos funcionarios otorgaban beneficios al Campestre a cambio de utilizar jardines, salones y pomposas instalaciones.
Cicuta tituló “descalabro” a la decisión que tomaría el gobernador Bonilla al expropiar el Campestre, pues el gobierno tendría que liquidar el equivalente a 100 millones de dólares, aunque ya Bonilla dijo que no hay dueño.
Aunque la percepción generalizada es que la intención de Bonilla nace de su pugna con el alcalde con licencia Arturo González Cruz, la realidad es que este último “desapareció” de la escena y aun así el gobernador parece muy decidido a cumplir su advertencia ( o promesa o amenaza).
Positivo
Qué bueno que la autoridad bajacaliforniana se preocupa por otorgar una mejor movilidad a la sociedad.
Recientemente, el Instituto de movilidad sustentable, reveló que se habilitarán nuevas rutas de transporte público en algunas colonias de la periferia de Tijuana.
Cierto es que la competencia entre transportistas se traduce en más opciones para los usuarios del transporte público, aunque es responsabilidad de la autoridad en ofrecerle mayores alternativas a todos.
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