La nueva cacería del dinero migrante. Del muro fronterizo al cerco bancario

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 21 de mayo 2026.- De esto seguramente se hablará por semanas, y es que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no solo reactivó la retórica antimigrante; ahora busca instalar un nuevo modelo de control financiero que coloca a millones de trabajadores mexicanos bajo sospecha permanente.

La nueva orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos” representa mucho más que un ajuste técnico bancario, es un mecanismo de presión política, económica y migratoria que apunta directamente al corazón de la sobrevivencia binacional de millones de familias.

El discurso oficial habla de combate al lavado de dinero, financiamiento ilícito y control de operaciones vinculadas al fentanilo. Sin embargo, detrás de esa narrativa de “seguridad financiera” emerge una realidad más incómoda: criminalizar las remesas y convertir al migrante trabajador en un sujeto de vigilancia sistemática.

Trump entiende perfectamente que las remesas son hoy uno de los pilares silenciosos de la economía mexicana. Más de 64 mil millones de dólares ingresaron a México en 2025 gracias al esfuerzo de trabajadores migrantes, muchos de ellos indocumentados, que sostienen economías enteras en estados históricamente expulsadores de mano de obra como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero. En miles de comunidades, las remesas ya no son complemento: son la diferencia entre comer o no comer, entre migrar o resistir.

Por eso esta nueva orden ejecutiva no debe analizarse únicamente como una medida bancaria. Se trata de un instrumento de disciplinamiento social y migratorio. Al endurecer revisiones sobre transferencias pequeñas, depósitos repetitivos y plataformas digitales de envío de dinero, Washington construye un entorno hostil destinado a generar miedo, incertidumbre y desgaste económico entre las comunidades migrantes.

El punto más alarmante es la estigmatización del ITIN, el número fiscal utilizado por miles de trabajadores indocumentados para abrir cuentas bancarias y cumplir obligaciones tributarias en Estados Unidos. Durante años, el propio sistema estadounidense incentivó a los migrantes a integrarse financieramente, pagar impuestos y utilizar canales formales.

Hoy, esa misma herramienta comienza a tratarse como “factor de riesgo”. La contradicción: primero se explota la mano de obra migrante; después se sospecha de ella.

Diversas organizaciones migrantes mexicanas en Estados Unidos comenzaron ya a denunciar que esta política busca inducir procesos de “auto deportación financiera”. Colectivos binacionales y redes comunitarias advierten que limitar el acceso a cuentas, endurecer transferencias y multiplicar revisiones bancarias busca volver inviable la permanencia cotidiana de millones de personas sin documentos.

Agrupaciones como #NaciónMigrante, así como federaciones de clubes de migrantes en California, Illinois y Texas, han señalado que el gobierno estadounidense pretende asociar deliberadamente migración con criminalidad financiera para justificar nuevas restricciones económicas y sociales. El mensaje político es más que claro: convertir cada envío de dinero en un acto sospechoso.

El problema es que estas medidas podrían generar el efecto contrario al que oficialmente se presume. Cuando el sistema financiero formal se vuelve inaccesible o riesgoso, crecen inevitablemente los canales informales. Históricamente, las políticas de persecución financiera terminan fortaleciendo mecanismos clandestinos, aumentando fraudes, robos y operaciones fuera del sistema regulado. La consecuencia puede ser muy dura tanto para familias migrantes como para economías regionales mexicanas profundamente dependientes de esos recursos.

Pero existe otro elemento igual de delicado que el gobierno mexicano parece evitar: las llamadas “remesas fantasmas”. Investigaciones periodísticas recientes han revelado movimientos millonarios provenientes de países donde prácticamente no existen comunidades mexicanas registradas. El tema abre preguntas incómodas sobre triangulación financiera, opacidad bancaria y posibles usos políticos o empresariales de los flujos internacionales etiquetados como remesas.

Ese escenario coloca a México en una posición extremadamente vulnerable. Mientras Washington endurece controles financieros bajo el argumento del combate al crimen, el Estado mexicano sigue dependiendo estructuralmente del dinero enviado por quienes expulsó por falta de oportunidades. La economía nacional presume récords históricos de remesas mientras evita discutir la precarización laboral, la dependencia migratoria y el abandono de regiones enteras.

La verdadera discusión de fondo no es solamente bancaria. Lo que está en juego es el derecho de millones de migrantes a existir económicamente sin ser tratados como criminales potenciales.

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