La gran simulación laboral: menos desempleo, más precariedad

Columna Horas Extras

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 3 de abril 2026.- México presume cifras laborales que, en apariencia, son motivo de celebración: una tasa de desempleo en mínimos históricos. Sin embargo, detrás de ese dato se esconde una realidad incómoda y estructural: el país no está generando empleo digno, está expandiendo la informalidad como válvula de escape. Los propios “Pre-Criterios 2027” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo confirman sin matices: en 2025, 630 mil personas se incorporaron al sector informal, elevando la tasa a 54.9%.

No se trata de un fenómeno menor ni coyuntural. Es la evidencia de un modelo económico que ha normalizado la precariedad como forma dominante de inserción laboral. Mientras el discurso oficial insiste en celebrar la baja desocupación, los datos revelan que conseguir trabajo en México significa, cada vez más, hacerlo sin derechos, sin seguridad social y sin estabilidad. Es decir, trabajar no garantiza salir de la vulnerabilidad.

La trampa estadística es evidente. Una tasa de desempleo baja no necesariamente refleja una economía sana, sino una donde las personas no pueden darse el lujo de estar desempleadas. Ante la falta de oportunidades formales, millones optan —o son empujados— hacia la informalidad: comercio ambulante, trabajos eventuales, autoempleo precario. No es elección, es sobrevivencia.

Más preocupante aún es el otro dato que acompaña este fenómeno: 1.6 millones de personas dejaron de estar disponibles para trabajar. Jóvenes que no encuentran incentivos para integrarse al mercado laboral, mujeres que cargan con el peso estructural del trabajo de cuidados no remunerado, y adultos mayores que quedan fuera de cualquier esquema productivo. Este grupo, invisibilizado en las cifras tradicionales, revela el tamaño real del problema: no sólo hay precarización, hay exclusión.

El resultado es un mercado laboral profundamente fracturado. Por un lado, una minoría con acceso a empleo formal y prestaciones; por el otro, una mayoría que sobrevive en condiciones de incertidumbre permanente. La informalidad no sólo implica bajos ingresos, también limita el acceso a salud, vivienda, crédito y pensiones. Es, en los hechos, una condena a la inestabilidad a lo largo de toda la vida.

Este escenario no puede desvincularse de las decisiones estructurales de política económica. La falta de incentivos para la formalización, la debilidad del mercado interno, la baja productividad en amplios sectores y la ausencia de una política industrial robusta han consolidado un entorno donde la informalidad resulta más viable —y muchas veces la única opción— que el empleo formal. El problema no es que la gente no quiera formalizarse; es que el sistema no se los permite en condiciones reales.

Además, el discurso oficial ha contribuido a distorsionar la percepción del problema. Al equiparar baja desocupación con éxito económico, se omite deliberadamente la calidad del empleo generado. Se construye una narrativa de estabilidad que no corresponde con la experiencia cotidiana de millones de trabajadores que viven al día, sin red de protección.

La informalidad, en este contexto, funciona como un subsidio oculto al sistema económico. Permite absorber mano de obra sin que el Estado o las empresas asuman los costos de garantizar derechos laborales. Es un mecanismo que abarata el trabajo a costa de la dignidad de las personas. Y mientras no se reconozca como tal, cualquier estrategia para combatirla será superficial.

El costo social de esta dinámica es profundo. Un país donde más de la mitad de su fuerza laboral opera en la informalidad difícilmente puede construir un sistema de bienestar sostenible. Sin cotizaciones suficientes, los sistemas de salud y pensiones se debilitan. Sin ingresos estables, el consumo interno se estanca. Sin certidumbre laboral, la movilidad social se vuelve una excepción.

Lo que está en juego no es sólo una cifra, es el modelo de desarrollo. México enfrenta una disyuntiva clara: seguir administrando la precariedad como hasta ahora, o apostar por una transformación estructural que priorice la generación de empleo formal, productivo y bien remunerado. Esto implica decisiones complejas: fortalecer la inspección laboral, reducir cargas para la formalización de pequeñas unidades económicas, invertir en sectores de alto valor agregado y, sobre todo, reconocer el trabajo de cuidados como parte central de la economía.

Negar el problema o maquillarlo con indicadores favorables sólo prolonga sus efectos. La informalidad no es un síntoma pasajero, es el reflejo de un sistema que ha fallado en integrar a su población en condiciones de dignidad. Y mientras se siga celebrando la cantidad de empleos sin cuestionar su calidad, México seguirá siendo, en los hechos, una fábrica de trabajo precario.

Porque al final, la pregunta no es cuántos trabajan, sino en qué condiciones lo hacen. Y hoy, la respuesta es contundente: millones trabajan, sí, pero sin derechos, sin certezas y sin futuro.