Redacción
Tijuana.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el Poder Judicial del Estado de Baja California (PJEBC) firmaron un convenio de colaboración para establecer las condiciones en las que se hará el intercambio de información con respecto a posibles antecedentes de candidatos, relacionados con violencia contra las mujeres o pensiones alimentarias no cumplidas.
Lo anterior debido a que el artículo 38, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
El acuerdo implica que el PJEBC ofrecerá al IEEBC información sobre sentencias firmes, es decir, que se trate de una condena de índole definitiva que no esté pendiente de resolución en ninguna instancia.
Por su parte, el órgano electoral se comprometió a remitir a la instancia judicial el listado de las personas postuladas como personas candidatas a un cargo de elección popular, a efecto de verificar que no se encuentren en los supuestos establecidos.