Golpe al volante migrante, EU les revocará 17 mil licencias

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 16 de noviembre 2025.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que revocará alrededor de 17.000 licencias comerciales (CDL) otorgadas a migrantes que no cuentan con estatus de residencia permanente en el país.

La medida forma parte de un ajuste federal tras una auditoría nacional de licencias y se aplicará principalmente en California, estado al que Washington acusa de haber emitido permisos a conductores que no cumplen con los requisitos federales.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, señaló que la revocación es “solo la punta del iceberg” y afirmó que seguirá presionando al gobierno de California para que retire todas las licencias comerciales emitidas a inmigrantes indocumentados.

La decisión ocurre en medio de tensiones entre la administración federal y autoridades californianas, luego de una serie de accidentes mortales en los que estuvieron involucrados conductores que contaban únicamente con permisos de trabajo.

Así el gobierno federal decidió convertir la movilidad laboral migrante en un campo de batalla político, sacrificando estabilidad económica, seguridad vial y derechos humanos.

El detonante apunta a un accidente trágico provocado por un conductor de origen indio sin estatus legal. Peo esto fue utilizado como argumento para justificar la revocación masiva de licencias.

California se defendió explicando que dicho conductor contaba con un permiso de trabajo expedido por el Departamento de Seguridad Interna, es decir, actuó bajo la legalidad vigente. Pero la administración federal optó por la narrativa más rentable políticamente: vincular migración con riesgo, trabajadores con amenaza, movilidad con desorden.

Lo que permanece invisibilizado es que buena parte del sistema logístico estadounidense depende de migrantes, en particular migrantes mexicanos, que durante décadas han mantenido el flujo comercial entre puertos, centros de distribución y puntos fronterizos. La industria del transporte —valorada en más de un billón de dólares— existe gracias a ellos.

Revocar miles de licencias no solo golpea a los conductores directamente: desestabiliza cadenas de suministro, encarece la movilidad de bienes y presiona a estados que ya enfrentan escasez crítica de operadores certificados.

Para México, este giro es una alerta roja. Miles de familias dependen de los ingresos de transportistas mexicanos en EU, operando con permisos de trabajo, procesos de asilo o regularización en curso. La revocación masiva de licencias no solo los deja sin sustento: los expone a detenciones, deportaciones y a un nuevo ciclo de vulnerabilidad.

Esto exige una respuesta diplomática activa y no un silencio cómodo. La diplomacia protectora no puede limitarse a reposicionar consulados: debe articular defensa legal colectiva, litigio estratégico y presión política simultánea en Washington y Sacramento. Si México no interviene ahora, se consolidará un precedente que permitirá retirar licencias, certificaciones u oficios profesionales a discreción cada vez que convenga políticamente.

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