Encarcelar para gobernar. EU y su guerra contra nuestros paisanos

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 7 de agosto 2025.- Estados Unidos ya operaba, incluso antes de Donald Trump, el sistema de detención migratoria más grande del mundo. Pero bajo su segundo mandato, la maquinaria se ha sofisticado, endurecido y expandido con una rapidez alarmante.

Lo que se despliega ante nuestros ojos no es una simple política de control fronterizo, sino un modelo de encarcelamiento masivo con fines políticos, alimentado por contratos multimillonarios, opacidad institucional y una narrativa de miedo que asocia migración con criminalidad.

En apenas seis meses, la población migrante detenida por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha crecido un 49 por ciento, pasando de poco más de 37 mil personas en enero a más de 55 mil a mediados de julio. Ante la saturación de sus centros oficiales, la administración Trump ha desbordado sus operaciones hacia al menos 150 cárceles locales, muchas de ellas sin transparencia, sin supervisión federal clara y sin garantías mínimas para los derechos humanos.

Y aqui le comparto un dato:

Entre enero y junio de 2025, ICE realizó 109,000 arrestos migratorios, un aumento del 120 % con respecto al mismo período en 2024. De estos arrestos, alrededor de 40,000 fueron migrantes mexicanos, siendo el grupo nacional más detenido. Texas concentró el 23.2 %, Florida el 11 % y California el 7 % del total de detenciones. Acaso será que nuestros paisanos se perfilan como objetivo central

Las cifras revelan el rostro más brutal de esta estrategia: siete de cada diez migrantes detenidos no tienen ninguna condena penal, pero aun así son enviados a cárceles concebidas para castigar criminales, no para procesar solicitudes de asilo o revisar casos migratorios.

En más de 80 cárceles locales, se calcula que hay en promedio 10 mil migrantes encerrados cada mes. En muchas de ellas, el hacinamiento, la falta de atención médica, la ausencia de acceso a abogados y la detención prolongada sin juicio migratorio son la norma, no la excepción.

Incluso los centros más nuevos, como el denominado “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida, evocan una mezcla de distopía carcelaria y proyecto político: construido con contratos por más de 245 millones de dólares, este centro se sitúa deliberadamente en una zona remota, fuera del alcance de medios, abogados y organizaciones civiles. Su sola existencia —sumada al anuncio de un segundo centro en Camp Blanding, impulsado por el gobernador Ron DeSantis— muestra que esta estrategia no es un recurso temporal, sino una política de Estado en expansión.

Y mire usted... es un hecho que son más cárceles, más dinero, menos derechos. El modelo es perversamente eficiente. ICE, respaldado por la administración Trump, recibirá hasta 45 mil millones de dólares hacia 2029 para seguir construyendo centros de detención.

Este presupuesto supera ya en 62% al de todo el sistema federal de prisiones. Pero lo más alarmante es quién se beneficia de este modelo: nueve de cada diez migrantes están detenidos en centros operados parcial o totalmente por empresas privadas. Lo que debería ser una política pública orientada por el respeto a los derechos humanos, se ha convertido en una industria carcelaria con incentivos económicos para encarcelar más y liberar menos.

Y mientras tanto, el sistema se cubre con un manto de opacidad. Organizaciones como TRAC (Universidad de Syracuse) y el Global Detention Project han denunciado la falta de reportes oficiales confiables, la exclusión deliberada de ciertos centros en las cifras de ICE y la dificultad de rastrear a personas detenidas. “Hay una falta de transparencia total. Hay centros que ni siquiera aparecen en los registros”, alerta Susan B. Long, cofundadora de TRAC.

Michael Flynn, del Global Detention Project, lo resume sin rodeos: “Estados Unidos ignora sistemáticamente los tratados internacionales que prohíben mezclar detenciones administrativas con detenciones criminales. El sistema de ICE es un ejemplo claro de cómo la política migratoria se convierte en una estrategia de represión”.

¿Hacia dónde vamos?... creo que EU enfrenta una elección moral e histórica. Continuar por el camino de la detención masiva, la opacidad, el lucro privado y la criminalización, o replantear su política migratoria desde una lógica de derechos, humanidad y responsabilidad global. Por ahora, todo indica que ha optado por lo primero.

Mientras, se consolida una expansión militarizada del encarcelamiento. La administración ha ampliado el sistema de detención hasta incluir bases militares. Por ejemplo, en Fort Bliss (Texas) se espera alojar hasta 5,000 personas, y se planifican instalaciones similares en otras bases como Camp Atterbury (Indiana) y Joint Base McGuire‑Dix‑Lakehurst (Nueva Jersey)

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