El INE: ¿guardián de la democracia o de sus propios privilegios?

Por Dr. Juan Raúl Gil Frías

Tijuana BC, 11 de noviembre del 2026.- El Instituto Nacional Electoral no puede seguir siendo una institución intocable, protegida por el prestigio que alguna vez pretendió representar. Cuando un organismo encargado de garantizar la legalidad electoral está bajo cuestionamiento público, tiene la obligación de responder con documentos, cuentas claras y transparencia absoluta.

El problema no es solamente quién ocupa una oficina, sino qué intereses se han tejido alrededor del poder electoral durante décadas. Desde los primeros años del Instituto Federal Electoral hasta su transformación en INE, han pasado distintas administraciones, consejeros y funcionarios. Ninguno debe quedar fuera del escrutinio público por el simple hecho de haber ocupado un cargo de alto nivel.

No se trata de condenar a nadie por anticipado, sino de exigir que se investigue cualquier irregularidad documentada durante las distintas presidencias y administraciones del organismo.

¿Quién autorizó los gastos? ¿Quién contrató? ¿Quién recibió beneficios? ¿Hubo favoritismos, conflictos de interés, enriquecimiento inexplicable o utilización indebida de recursos públicos? ¿Dónde están las auditorías completas y las consecuencias cuando se detectaron anomalías?

El dinero que administra el INE no pertenece a sus consejeros ni a sus directivos: pertenece a los mexicanos que trabajan y pagan impuestos. No es una caja privada ni una recompensa para funcionarios privilegiados.

Y aquí está la pregunta que debería incomodar a más de uno: ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién revisa a quienes durante años tuvieron en sus manos una de las instituciones más importantes de la República?

No basta con cambiar consejeros, renovar oficinas o colocar nuevos nombres en los escritorios. Si hubo actos de corrupción, deben investigarse, aunque hayan ocurrido hace años. La antigüedad de una posible irregularidad no puede convertirse en una licencia para la impunidad.

Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei deben formar parte del escrutinio correspondiente a sus respectivas gestiones, al igual que cualquier otro funcionario respecto del cual existan elementos verificables. Ningún apellido, amistad, relación política o cargo anterior debe servir de escudo.

Y que nadie confunda esta exigencia con una persecución política. Estamos hablando de dinero público, responsabilidades administrativas y posibles delitos. Si las investigaciones acreditan desvíos, enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias o cualquier conducta delictiva, que se proceda penalmente.

¡Que se formulen las acusaciones, se presenten las pruebas y que los responsables terminen en la cárcel!

México está cansado de instituciones que presumen autonomía mientras la ciudadanía exige explicaciones. La democracia no se defiende con discursos, ceremonias ni salarios privilegiados. Se defiende con honestidad, legalidad y rendición de cuentas.

El INE necesita una revisión profunda, independiente y transparente de sus distintas administraciones. Que se abran los expedientes, se auditen los contratos, se revisen los patrimonios y se investigue hasta donde conduzcan las pruebas.

¡Basta de impunidad! ¡Basta de funcionarios que se sienten intocables! ¡Quien haya saqueado el dinero de los mexicanos debe responder ante la justicia, sin importar su nombre, su pasado o sus relaciones políticas!

La democracia no puede ser refugio de privilegios. Y si alguien utilizó una institución pública para enriquecerse, no merece protección: merece una investigación y, si se demuestra su culpabilidad, una sentencia de prisión.

¡LA DEMOCRACIA NO SE ROBA, NO SE NEGOCIA Y NO SE VENDE!