El empleo mexicano cae en Estados Unidos y el golpe llega a México

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 15 Octubre 2026.- La pérdida de cientos de miles de empleos entre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos enciende una alarma que va más allá del mercado laboral: amenaza el sustento de miles de familias, reduce su capacidad de enviar dinero a México y expone las consecuencias de un entorno migratorio cada vez más incierto.

Las cifras del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) revelan la magnitud del problema. Durante el primer trimestre de 2026, alrededor de 6.76 millones de inmigrantes mexicanos tenían empleo en Estados Unidos, 667 mil 800 menos que en el mismo periodo de 2025, una contracción cercana al 9 por ciento. Al cierre de julio, la masa salarial registraba una caída anual del 5 por ciento.

Detrás de estos números hay hogares que dependen de cada jornada trabajada para pagar la renta, comprar alimentos, cubrir la educación de sus hijos y sostener a familiares en México. La pérdida de un empleo no representa únicamente un retroceso individual: puede desestabilizar economías familiares construidas durante años de esfuerzo.

Construcción, manufacturas y campo resienten el retroceso

El deterioro alcanza sectores esenciales para la economía estadounidense. En el primer trimestre de 2026, la construcción perdió aproximadamente 301 mil ocupaciones de inmigrantes mexicanos respecto del mismo periodo de 2025; los servicios profesionales y administrativos registraron una reducción cercana a 230 mil, las manufacturas de 89 mil y el sector agropecuario de más de 65 mil.

La dimensión del problema obliga a plantear una pregunta: ¿qué sucede cuando una economía pierde una parte importante de la fuerza laboral que contribuye a construir viviendas, producir mercancías, procesar alimentos y mantener en funcionamiento numerosos servicios?

Las consecuencias pueden extenderse a las empresas, la producción y el consumo. Cuando faltan trabajadores, algunas actividades enfrentan dificultades para cubrir vacantes, mantener turnos o responder a la demanda. El impacto, sin embargo, varía según la región y la industria, por lo que es necesario examinar cada sector con datos específicos.

Tampoco sería riguroso atribuir todo el retroceso a las detenciones y deportaciones. La evolución económica, los cambios en la contratación, las horas trabajadas y los desplazamientos de población también pueden influir. Pero el endurecimiento migratorio y el temor a los operativos añaden incertidumbre a un mercado laboral del que dependen millones de personas.

El miedo también cuesta salarios

La afectación no comienza necesariamente cuando un trabajador es detenido. Puede empezar cuando deja de acudir a su empleo por temor a encontrarse con agentes migratorios, evita determinados desplazamientos o renuncia a denunciar abusos para no exponerse.

Una ausencia puede significar perder el salario de un día; una detención, interrumpir de inmediato el ingreso familiar; una deportación, deshacer proyectos construidos durante años. Para quienes carecen de ahorros suficientes, la consecuencia puede ser el endeudamiento, el atraso en el pago de la vivienda o la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.

El golpe alcanza también a los empleadores que pierden personal experimentado y a las familias donde conviven ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y personas sin estatus migratorio regular. La incertidumbre de uno puede convertirse en la vulnerabilidad de todos.

Por eso, medir el impacto de la política migratoria exige mirar más allá del número de arrestos. También hay que conocer cuántas personas dejan de trabajar, cuánto disminuyen sus ingresos y qué ocurre con los hogares que dependen de ellos.

Cuando cae el ingreso, la presión cruza la frontera

México tampoco permanece al margen. La reducción de los ingresos laborales puede limitar la capacidad de enviar remesas, aunque el efecto final depende de los salarios de quienes conservan su empleo, sus gastos y las decisiones de cada familia.

El CEMLA reportó que, durante el primer trimestre de 2026, los ingresos laborales de los inmigrantes mexicanos registraron una disminución anual de casi 14 mil 870 millones de dólares, conforme a su medición. El dato confirma que el desafío no consiste solamente en cuántos mexicanos trabajan, sino también en cuánto ingreso generan.

En las comunidades mexicanas receptoras de remesas, una reducción de esos recursos puede afectar el consumo, las pequeñas empresas y el pago de vivienda, alimentación, educación y atención médica. Para muchas familias, el dinero enviado desde Estados Unidos no es un ingreso adicional: constituye una parte fundamental de su presupuesto.

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