Diputados dialogarán con magisterio y burocracia de BC para elaborar marco de pensiones y jubilaciones
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Redacción

Tijuana, 1 de abril de 2026.- Con el fin de elaborar las leyes secundarias en materia de pensiones y jubilaciones, en el marco de la reforma al artículo 127 de la Constitución Mexicana, el Congreso bajacaliforniano establecerá un diálogo directo con el magisterio y la burocracia estatal, al aprobarse un acuerdo que en ese sentido presentó la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Cabe mencionar que, previo a la presentación del nuevo acuerdo, se celebraron reuniones con grupos de jubilados y pensionados, quienes manifestaron su preocupación por posibles afectaciones a sus derechos adquiridos, y en los encuentros se reunieron planteamientos y propuestas que enriquecerán el proceso de armonización legislativa local, garantizando que cualquier adecuación respete los derechos humanos y constitucionales.
En ese sentido, el acuerdo respaldado de manera unánime establece que, dentro del plazo no mayor a 90 días naturales, la XXV Legislatura recibirá todas las opiniones y planteamientos de los sectores magisterial y burocrático estatal, mediante reuniones de trabajo y sesiones públicas.
El fin es definir con claridad en las leyes secundarias los alcances de la reforma federal y garantizar que la armonización estatal no perjudique a quienes reciben su retribución de manera legítima y digna.
Asimismo, se acordó gestionar un acercamiento entre el magisterio federal, burócratas y trabajadores de paraestatales federales con integrantes del Congreso de la Unión por Baja California, para dar seguimiento a la conformación de la legislación secundaria federal en materia de pensiones.
Por otra parte, por consenso del Pleno se admitió y aprobó una última reserva que dispone con claridad que la reforma al artículo 127 de la Constitución no aplica a los trabajadores de base, pensionados y jubilados del magisterio estatal, ni a la burocracia derechohabiente del ISSSTECALI, precisión que se confirmará en el proceso de armonización local, asegurando que los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las y los trabajadores queden plenamente respetados y reflejados en la legislación aplicable.










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