Desaparecidos y vigilados, el rostro autoritario de la política migratoria de Trump

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 18 de octubre 2025.- Estados Unidos enfrenta hoy una doble acusación que expone el corazón autoritario de su política migratoria durante el gobierno de Donald Trump.

Por un lado, una coalición de diez organizaciones no gubernamentales —entre ellas Amnistía Internacional y el Immigrant Defenders Law Center— denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los abusos sistemáticos contra migrantes: desapariciones, detenciones arbitrarias, negligencia médica y deportaciones ilegales.

Por otro, tres de los sindicatos más poderosos del país —UAW, CWA y AFT— demandaron al propio gobierno por usar inteligencia artificial para vigilar las redes sociales de migrantes con visado, castigando sus opiniones y coartando su libertad de expresión. Dos rostros de un mismo sistema: la represión institucional y la vigilancia ideológica.

El informe presentado ante la CIDH describe un patrón de violaciones “generalizadas” al derecho internacional y de los refugiados. Las ONG denuncian la desaparición de cientos de migrantes bajo custodia, el uso de la detención como forma de castigo y la opacidad deliberada del Estado para evitar inspecciones.

Washington bloqueó el acceso a abogados y periodistas, y persiguió a defensores y funcionarios que denunciaron los abusos. “Estados Unidos está aterrorizando a los inmigrantes mediante tácticas de desaparición y detención masiva que han provocado la separación de familias”, advirtió Margaret Cargioli, abogada del ImmDef. Lo que emerge es un sistema diseñado para quebrar el espíritu de quienes buscan refugio, reduciéndolos a estadísticas y expedientes sin rostro.

La denuncia sindical, en tanto, abre un nuevo frente: el control digital como extensión del castigo físico.

Los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional han implementado un programa de “vigilancia ideológica” que utiliza inteligencia artificial para monitorear y sancionar opiniones “contrarias al gobierno”.

Según la Electronic Frontier Foundation (EFF), que representa a los sindicatos demandantes, el programa viola la Primera Enmienda y convierte el espacio digital en una zona de censura preventiva. Un 80 % de los trabajadores migrantes del UAW y un 40 % del CWA admitieron haber cambiado su comportamiento en redes sociales por miedo a ser vigilados. La abogada Lisa Femia advirtió que “la escala de este espionaje es igualada por un efecto igualmente espeluznante y masivo sobre la libertad de expresión”.

Ambos casos —la denuncia ante la CIDH y la demanda sindical— revelan la arquitectura del miedo construida durante la administración Trump: un aparato de vigilancia y castigo que no distingue entre migrantes indocumentados y trabajadores con visado legal. El sistema migratorio dejó de ser un mecanismo de control fronterizo para convertirse en un laboratorio político de represión y silenciamiento.

En este contexto, la petición de las ONG para que la CIDH inspeccione los centros de detención adquiere un valor simbólico y urgente: forzar a la potencia que se autoproclama guardiana de la democracia a rendir cuentas por su propia deriva autoritaria. Lo que está en juego no es solo el destino de miles de migrantes, sino el principio mismo de libertad y justicia que Estados Unidos presume defender en el mundo.

La historia juzgará esta etapa no por los muros que se levantaron, sino por las voces que se intentaron silenciar. La combinación de desapariciones físicas y vigilancia digital define una era donde la frontera no es solo geográfica, sino mental: una frontera del miedo, construida con algoritmos, detenciones y la fría indiferencia del poder.

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