Crisis de vivienda en EU está desmantelando la vida de millones de mexicanos

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 3 Diciembre 2025.- En Estados Unidos se habla, una vez más, de “seguridad fronteriza”, redadas espectaculares y de policías estatales convertidos en agentes migratorios improvisados. Se habla del muro, del asilo, de índices de detención, de cifras que aparecen y desaparecen en los discursos electorales.

Pero hay una crisis más profunda, más silenciosa y más preocupante avanzando sin freno: la crisis de vivienda que está pulverizando la estabilidad de millones de migrantes, particularmente de mexicanos.

La emergencia habitacional no aparece en los titulares, quizá porque no ofrece imágenes dramáticas de persecuciones en carretera ni declaraciones incendiarias. Pero sus efectos son igual de destructivos: expulsión masiva, movilidad forzada, endeudamiento, explotación y la reducción paulatina de las comunidades mexicanas que sostienen sectores enteros de la economía estadounidense.

En ciudades donde los mexicanos construyeron barrios enteros—Houston, Dallas-Fort Worth, Atlanta, Charlotte, Nashville, Kansas City—la vivienda dejó de ser un derecho y se convirtió en un arma económica. En sólo dos años, las rentas aumentaron entre 25% y 40%, empujando a las familias mexicanas a un abismo financiero.

Y no se trata de mejoras urbanas ni de aumento de calidad; se trata de especulación pura. Fondos inmobiliarios compran complejos enteros, pintan fachadas y cambian nombres, y con esas maniobras justifican subidas de hasta USD $500 mensuales en departamentos que antes alojaban a trabajadores esenciales.

Es imposible no decirlo con claridad: el mercado inmobiliario está expulsando sistemáticamente a los trabajadores mexicanos de las ciudades que ellos mismos ayudaron a levantar.

Los desalojos exprés: violencia institucional disfrazada de trámite administrativo

Como si no bastara, los estados del sur han desarrollado un mecanismo perfecto para acelerar esta “limpieza urbana”: los fast evictions, desalojos relámpago donde las familias tienen minutos—no días—para defenderse. Sin intérpretes, sin abogados, sin información clara, miles de mexicanos están perdiendo su vivienda en procesos tan opacos como arbitrarios.

En esencia, este modelo legal permite que los propietarios decidan quién puede seguir viviendo en la ciudad y quién no. Para los migrantes sin estatus regular, el desalojo no sólo significa perder el techo: significa caer en zonas donde las patrullas estatales colaboran con ICE, donde un retén en carretera puede acabar con una década de vida construida.

La vivienda se vuelve así una forma indirecta de persecución migratoria. Una política migratoria de facto, ejecutada desde los códigos civiles estatales y lubricada por la indiferencia federal.

Cuando la vivienda se derrumba, se derrumba todo lo demás

Quien crea que esta crisis es “doméstica” se equivoca. Los impactos son más amplios, profundos y llegan hasta México.

Los mexicanos que pierden vivienda en EU envían hasta 12% menos remesas, no por falta de voluntad, sino por simple supervivencia. La comida, la gasolina, la escuela, los pañales y el transporte compiten contra una renta inflada por especulación. La economía mexicana, que depende en buena parte de este flujo financiero, resiente ya este golpe.

En el frente laboral, la precarización se intensifica. Ante el miedo a quedarse sin techo, muchos trabajadores aceptan condiciones abusivas: dobles turnos, salarios sin horas extras, amenazas de despido, viviendas suministradas por empleadores que se parecen más a cajas de almacenamiento que a hogares dignos.

Y cuando las familias son expulsadas de las ciudades hacia zonas rurales más baratas, se produce un fenómeno que debería alarmar a cualquier analista: el desplazamiento interno de mexicanos dentro de Estados Unidos. No por deportación, sino por la imposición del mercado. Familias que vivieron 10 o 15 años en un mismo barrio son empujadas a condados donde la vigilancia migratoria es más agresiva, donde los sheriffs presumen capturas y donde una simple parada de tráfico puede cambiarlo todo.

Sin embargo, y hay que decirlo, México observa esta crisis con la misma pasividad que caracterizó la política consular durante otras emergencias: saturación, lentitud, falta de recursos, falta de estrategia. La red consular mexicana es amplia en número, pero precaria en capacidad. No hay suficientes asesores de vivienda, ni abogados especializados, ni fondos de emergencia, ni un plan integral para defender la estabilidad de los connacionales.

Nos encontramos frente a una contradicción intolerable: México celebra récords en remesas, pero no protege las condiciones mínimas de quienes las envían. Es una ecuación desequilibrada que tarde o temprano estallará.

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