Compra hija de Rocha Moya alimentos por 350 mdp

Redacción

Miércoles 1 de abril del 2026.- La compra por 350 millones de pesos en despensas, atribuida a la hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desató la enésima ola de cuestionamientos y multiplica el malestar de los sinaloenses.

Y es que la polémica no gira solo en torno al monto, sino a la forma.

Resulta que esta mañana el propio gobernador Rocha minimizó el evento al desestimar el cuestionamiento de un reportero.

El problema es que los datos conocidos hasta hoy no apuntan a una simple operación administrativa, sino a un posible entramado que exige explicaciones puntuales.

De acuerdo con información difundida en reportes periodísticos y documentos de contratación pública, la empresa utilizada para concretar la adquisición habría sido constituida el mismo día en que se lanzó la licitación.

Ese detalle, lejos de ser menor, levanta una sospecha inmediata: una compañía sin historial, sin experiencia verificable y sin trayectoria previa obtiene un contrato multimillonario de manera casi instantánea.

Habrá que subrayar que el aparente nombre completo de la hija del gobernador ha circulado en distintos espacios informativos; sin embargo, ante la falta de confirmación oficial y documentos plenamente verificables en esta instancia, resulta importante subrayar que la identidad debe sostenerse en fuentes firmes y no en versiones replicadas sin sustento documental claro.

La reacción del gobernador Rubén Rocha Moya no ayudó a disipar dudas.

El mandatario desestimó las críticas y redujo el asunto a un ataque político.

La respuesta de Rocha Moya, lejos de cerrar el caso, amplía la percepción de opacidad.

En momentos que el dinero público alcanza cifras de esa magnitud, la exigencia mínima consiste en transparentar cada paso del proceso.

Para ser más precisos, habría que conocer la convocatoria, los participantes, los criterios de adjudicación y los vínculos entre las partes.

El punto central no admite evasivas.

Una empresa creada el mismo día de la licitación y favorecida con un contrato por cientos de millones de pesos constituye —por sí sola—una anomalía administrativa que demanda una auditoría.

La cercanía familiar con el poder político añade un ingrediente que vuelve el caso aún más delicado.

En un contexto donde el discurso oficial insiste en combatir la corrupción, episodios como este erosionan la credibilidad institucional.

No basta con descalificar a los críticos, sino que requiere información verificable, documentación abierta y respuestas concretas.

Sin eso, la narrativa de combate a los privilegios corre el riesgo de convertirse en una consigna vacía.

El problema de fondo es que los datos conocidos no apuntan a una simple operación administrativa, sino a un posible entramado que exige explicaciones puntuales. No basta con descalificar a los críticos. Se requiere información verificable, documentación abierta y respuestas concretas. Sin eso, la narrativa de combate a los privilegios corre el riesgo de convertirse en una consigna vacía.