Busca tipificar y sancionar imputaciones y quejas falsas contra personal educativo

Redacción

Tijuana, 20 de octubre de 2026.- Con el fin de ofrecer certeza a docentes y personal administrativo de instituciones educativas, así como a la comunidad escolar, la diputada Montserrat Murillo propuso una adición al Código Penal del Estado de Baja California, para tipificar y sancionar las imputaciones y quejas falsas contra personal docente y directivo. 

En la iniciativa de la legisladora, se contempla una adición al artículo 320 Ter y 320 Quater del Código Penal, confiriendo protección por la función desempeñada y no por la persona, con independencia de que la institución sea pública o privada.

La propuesta reconoce que combatir las denuncias falsas no implica limitar el derecho a denunciar, sino garantizar que dicho derecho se ejerza con responsabilidad, evitando su uso como mecanismo de presión, represalia o daño injustificado. 

La inicialista resaltó que la denuncia es un derecho de las víctimas y un cauce indispensable para proteger a la niñez, y como tal debe garantizarse, pero por otro lado aseveró que la imputación dolosamente falsa no es ejercicio de ese derecho, sino su desvío: lesiona a la persona inculpada, distrae a las autoridades de los casos genuinos y puede erosionar la credibilidad de las denuncias legítimas. 

De acuerdo con Murillo López, la reforma permitiría a la entidad avanzar hacia un modelo más justo, garantista y equilibrado que fortalezca la confianza en las instituciones educativas, y brinde certeza tanto a docentes como a la comunidad escolar. 

La legisladora argumentó que, en los últimos años se ha visibilizado una problemática creciente dentro del Sistema Educativo Estatal: la proliferación de denuncias, señalamientos y acusaciones públicas en contra del personal docente que, en múltiples casos carecen de sustento o se realizan sin elementos probatorios suficientes. Estas situaciones han sido amplificadas por el uso de redes sociales y medios digitales, donde la difusión inmediata de acusaciones genera juicios anticipados que vulneran la presunción de inocencia. 

Diversos casos difundidos en medios de comunicación han evidenciado en Baja California que, docentes han sido separados de sus funciones; exhibidos públicamente o sujetos a procesos administrativos, derivado de denuncias que posteriormente resultan infundadas o inconsistentes, sin que medie un análisis objetivo inicial de los hechos denunciados. La falta de mecanismos claros para distinguir entre denuncias fundadas y aquellas realizadas con dolo o mala fe pueden propiciar abusos que distorsionan el objetivo legítimo de protección de los educandos, indicó.