Redacción
Tijuana.- En busca de tipificar la violencia institucional contra las personas adultas mayores, la diputada Amintha Briceño presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Artículo 6 de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de dicho sector de la población.
En su propuesta, señala que pretende identificar actos, acciones o negligencias de los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno que segreguen, discriminen o cuya finalidad sea retardar, dificultar o impedir el goce y libre ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas, programas e instrumentos de la administración pública federal, estatal o municipal; y cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.
En Baja California, la ley en cuestión fue publicada en el año 2012, con el fin de garantizar y reconocer los derechos de las personas adultas mayores. Sin embargo, atendiendo a lo emanado de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la legislación estatal necesita actualizarse para plasmar el concepto de violencia institucional y tipificar las probables conductas perpetradas por el Estado y los servidores públicos que la integran, argumentó Briceño Cinco.
La legisladora panista reiteró que la violencia que puede sufrir una persona adulta mayor, es por acción u omisión y en ellas se incluyen las que pueden ser efectuadas por el Estado a través de sus servidores públicos, por lo que consideró necesario establecer un concepto de violencia que podría ser desplegada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno y que su conceptualización y regulación vendría a impulsar el respeto al derecho de seguridad y a una vida libre de violencia de las personas adultas mayores.