Busca mayor participación de especialistas y sectores involucrados en discusiones legislativas sobre seguridad social

Redacción 

Tijuana, 13 de agosto de 2026.- Con la finalidad de que las comisiones del Congreso bajacaliforniano integren la participación de especialistas y sectores directamente involucrados en las iniciativas que dictaminan, a través de mecanismos de Parlamento Abierto, garantizando análisis más amplios en reformas relacionadas con la seguridad social, la diputada Alejandrina Corral presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

La propuesta de la legisladora plantea reconocer expresamente, en la ley referida, la facultad de las comisiones legislativas de realizar consultas y audiencias cuando las iniciativas incidan directamente en el régimen de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del Estado, municipios y organismos públicos afiliados a ISSSTECALI, así como de personas pensionadas y jubiladas. 

La inicialista argumentó que las reformas en materia de seguridad social tienen un impacto directo en los derechos patrimoniales, las prestaciones laborales y la estabilidad financiera del sistema, por lo que requieren un análisis más robusto e incorporar opiniones especializadas fortalece la deliberación parlamentaria sin limitar la facultad soberana del Congreso para aprobar, modificar o rechazar las iniciativas. 

Cuando la naturaleza del asunto lo justifique, las comisiones podrán convocar a instituciones de educación superior, centros de investigación, organizaciones sindicales, asociaciones de personas pensionadas y jubiladas, colegios y barras de profesionistas, especialistas y demás sectores vinculados con la materia, con el propósito de obtener mayores elementos para la elaboración de los dictámenes. 

En ese sentido, Corral Quintero destacó que las aportaciones tendrán carácter consultivo y no serán vinculantes. La reforma busca fortalecer los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, al institucionalizar un procedimiento que permita integrar al expediente legislativo las opiniones técnicas y sociales recabadas durante el análisis de las iniciativas, lo que contribuirá a construir normas con mayor legitimidad, eficacia y respaldo social. 

Asimismo, precisó que no crea nuevas estructuras administrativas ni implica recursos presupuestales adicionales, ya que su aplicación se realizará con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles del Poder Legislativo.