Busca fortalecer educación inclusiva para personas con discapacidad en BC

Redacción

Tijuana, 16 de octubre de 2026.- Con el fin de garantizar una educación inclusiva y en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad en Baja California, la diputada Alejandrina Corral propuso una reforma para fortalecer la supervisión y evaluación de las acciones que realiza la Secretaría de Educación de Baja California en esta materia. 

La iniciativa establece modificar la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado, para instrumentar mecanismos que permitan conocer los avances, identificar deficiencias y mejorar las condiciones educativas de este sector de la población, mediante una mayor coordinación entre las instituciones responsables. 

La legisladora argumentó que el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva representa un avance importante; sin embargo, resulta indispensable verificar que las disposiciones legales se traduzcan en acciones concretas que favorezcan el acceso, la permanencia y el aprendizaje de las personas con discapacidad. 

En este sentido, la iniciativa de Corral Quintero estipula que la Secretaría de Educación debe proporcionar informes semestrales al Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad sobre las medidas implementadas en los centros educativos, particularmente en materia de accesibilidad, apoyos, capacitación docente y eliminación de barreras para el aprendizaje. 

Asimismo, plantea facultar expresamente al Consejo Consultivo para analizar y evaluar dicha información, emitir recomendaciones cuando resulte necesario y dar seguimiento a su atención, con el objetivo de contribuir a la mejora de las políticas públicas de inclusión educativa. 

La inicialista destacó la importancia de que las instituciones cuenten con espacios accesibles, materiales adecuados, personal capacitado y herramientas que respondan a las distintas necesidades del alumnado, para que ninguna persona enfrente obstáculos que limiten su desarrollo académico.  

Por otro lado, la iniciativa no contempla la creación de nuevas dependencias, plazas o estructuras administrativas, sino el aprovechamiento de los organismos existentes para fortalecer la coordinación institucional, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados. 

También establece un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para la entrega del primer informe semestral. Con ello, la diputada busca que la inclusión educativa no se limite al reconocimiento de un derecho, sino que se refleje en mejores oportunidades de aprendizaje, participación y desarrollo para las personas con discapacidad en la entidad.