Redacción
Tijuana.- En aras de reforzar las acciones afirmativas y la austeridad en materia electoral, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso bajacaliforniano analizó y avaló un paquete legislativo para reformar diversos artículos de las leyes estatales Electoral, de Partidos Políticos y del Tribunal de Justicia Electoral.
El Dictamen aprobado por la Comisión incluye la iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Molina, y se fortalece con otras iniciativas en materia electoral presentadas en su momento por los legisladores Michel Sánchez, Evelyn Sánchez, Monserrat Rodríguez, Amintha Briceño, Alejandrina Corral, Daylín García y Manuel Guerrero y César González, así como la iniciativa ciudadana presentada por la Alianza Inclusiva y Diversa de México, representada por Berthila Burgueño.
Con respecto a la iniciativa ciudadana, Molina García aclaró que aunque debido al próximo proceso electoral no puede ser llevada como marca la ley, integró a su proyecto algunos aspectos propuestos por la Alianza, como contemplar que los institutos políticos postulen para diputaciones y regidurías, al menos una fórmula de cada una de las poblaciones de atención prioritaria, es decir jóvenes de entre 18 y 29 años, personas de la diversidad sexual y de género, y personas con discapacidad.
El inicialista mencionó que esta medida va encaminada a alcanzar las mismas aspiraciones de las candidaturas indígenas y afromexicanas, materia que fue recientemente legislada en el Estado, a raíz de las Consultas a las comunidades.
El proyecto incluye además el aumento del 3% al 6% del financiamiento público que reciben los partidos, mismo que se destinará a capacitación, promoción y desarrollo en el tema del enfoque interseccional, y 3% para la capacitación y construcción de nuevas masculinidades. Asimismo, se incluye la imposibilidad de acceder a un cargo de elección popular si se tiene una sentencia firme en delitos contra la vida, la integridad corporal, libertad y seguridad sexual, violencia familiar y violencia política en contra de las mujeres, o ser deudor alimentario.
Por otro lado, se instrumenta el principio de austeridad en las funciones administrativas del Instituto Electoral, y se clarifica en la Ley del Tribunal de Justicia Electoral el procedimiento para cuando surja una vacante de una magistratura.