Agenda pendiente: migración, medio ambiente y salud pública binacional

Por Daniel Lee Vargas

Salud ambiental sin fronteras

Ciudad de México 19 Marzo 2026.- Hablar de medio ambiente y salud comunitaria en el contexto migrante obliga a romper una mirada limitada por fronteras. La realidad es más compleja: millones de mexicanos que viven en Estados Unidos no solo sostienen la economía nacional a través de las remesas, también están construyendo, muchas veces en silencio, un modelo de intervención comunitaria que impacta directamente en la calidad de vida —y la salud ambiental— de comunidades en ambos lados de la frontera.

Las organizaciones migrantes mexicanas han evolucionado más allá del envío de recursos económicos. Hoy operan como redes de gestión social que financian sistemas de agua potable, saneamiento, infraestructura básica y proyectos de mitigación ambiental en sus comunidades de origen. En estados como Zacatecas, Michoacán o Guerrero, no es exagerado afirmar que buena parte de las mejoras en salud comunitaria —reducción de enfermedades gastrointestinales, acceso a agua limpia, rehabilitación de espacios públicos— están vinculadas directa o indirectamente con el activismo y la organización de clubes de migrantes en Estados Unidos.

Este fenómeno tiene implicaciones profundas. Primero, evidencia la ausencia estructural del Estado mexicano en territorios históricamente marginados. Segundo, confirma que la salud comunitaria no puede entenderse sin el componente ambiental: agua contaminada, mala disposición de residuos o falta de drenaje no son solo problemas ecológicos, son detonantes de enfermedades crónicas, infecciosas y de deterioro social.

En paralelo, los connacionales en Estados Unidos enfrentan una realidad igualmente compleja. Muchos trabajan en sectores directamente vinculados al medio ambiente —agricultura, construcción, manejo de residuos— donde la exposición a pesticidas, contaminación del aire o condiciones laborales precarias impacta su salud de manera directa. Sin embargo, desde esa misma posición han impulsado iniciativas comunitarias ejemplares: campañas de educación ambiental, huertos urbanos, programas de reciclaje y redes de salud preventiva que buscan reducir riesgos en comunidades migrantes frecuentemente excluidas de los sistemas formales.

Aquí emerge una contradicción clave: quienes sostienen economías, cuidan territorios y generan soluciones comunitarias siguen siendo, en muchos casos, invisibles para las políticas públicas. La salud ambiental de las comunidades migrantes en Estados Unidos continúa marcada por desigualdades estructurales —acceso limitado a servicios médicos, barreras lingüísticas, miedo a la deportación— que impiden una atención integral. Al mismo tiempo, en México, la dependencia de las remesas para financiar infraestructura básica revela una política social incompleta, que delega en la diáspora responsabilidades que corresponden al Estado.

No obstante, reducir el papel de las organizaciones migrantes a un “sustituto” institucional sería un error. Su valor radica precisamente en su capacidad de articulación, en su conocimiento del territorio y en su lógica comunitaria. A diferencia de muchos programas gubernamentales, estas organizaciones entienden que el medio ambiente no es un tema aislado, sino un eje transversal que define la salud, la economía y la cohesión social.

El desafío, entonces, no es menor: se requiere una política binacional que reconozca formalmente a estas organizaciones como actores estratégicos en la agenda de salud ambiental. Esto implica facilitar su participación en el diseño de programas públicos, garantizar transparencia en el uso de recursos y, sobre todo, construir mecanismos de corresponsabilidad donde el Estado deje de ser un espectador tardío.

La discusión sobre medio ambiente y salud comunitaria no puede seguir desconectada del fenómeno migratorio. Las comunidades migrantes mexicanas han demostrado que es posible construir soluciones desde abajo, con impacto real y sostenido. Ignorar su papel no solo es injusto, es profundamente ineficiente.

En un momento donde el cambio climático y las crisis sanitarias presionan con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables, reconocer y fortalecer el papel de la diáspora mexicana no es una opción simbólica: es una necesidad estratégica para garantizar un futuro más justo, saludable y sostenible en ambos lados de la frontera.

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