Agenda migrante 2027, ¿Quién se compromete?

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 1 Febrero 2026.- De cara a las gubernaturas de 2027, la migración volvió a aparecer en los discursos políticos. Aparece —como casi siempre— en forma de agradecimiento por las remesas, menciones simbólicas a los “paisanos” y promesas genéricas de atención consular. Lo que sigue sin aparecer es lo esencial: compromisos políticos verificables, presupuestos vinculantes y mecanismos reales de representación para una población que sostiene regiones enteras del país.

En este escenario, la agenda migrante se ha convertido en un campo de disputa electoral. No porque los partidos lo quieran, sino porque millones de personas migrantes y sus familias ya no están dispuestas a seguir siendo utilizadas sin capacidad de decisión.

En la simulación institucional, digamoslo así, hay diputaciones migrantes sin poder real. Los ejemplos sobran, estados como Michoacán y Jalisco presumen la figura de la diputación migrante, pero la diseñan para que no gane. En listas plurinominales colocadas deliberadamente fuera de los primeros lugares, la representación migrante existe en la ley, pero no en la práctica. Es inclusión decorativa.

Otros estados —como Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México— avanzan con mayor seriedad, pero incluso ahí la discusión se queda corta si no se acompaña de incidencia presupuestal, facultades legislativas claras y vinculación con políticas públicas estatales.

La pregunta para 2027 no es si habrá diputaciones migrantes, sino si tendrán poder o seguirán siendo coartadas políticas.

Quién decide y quién bloquea

Rumbo a las elecciones intermedias y a las gubernaturas, el mapa de poder es claro:

El Ejecutivo federal y las dirigencias nacionales deciden el diseño constitucional.

Los partidos satélite (PT y PVEM) negocian su supervivencia electoral y pueden bloquear o condicionar reformas.

Los congresos locales operan como filtros: pueden convertir una reforma en herramienta real o vaciarla de contenido.

Los gobiernos estatales deciden si la agenda migrante se convierte en política pública o se reduce a una oficina testimonial.

En ese tablero, la migración solo tiene peso cuando se organiza. Y cuando se organiza, incomoda.

#Fuerza Migrante y el costo político de ignorar la agenda migrante

Aquí es donde actores binacionales como #Fuerza Migrante dejan de ser organizaciones sociales y se convierten en factores políticos. No por su cercanía con un partido, sino por su capacidad de articulación territorial, binacional y mediática.

Cuando una red de más de 230 organizaciones logra incidir en educación, deporte, salud, credencialización y desarrollo comunitario, lo que está construyendo es capacidad de presión legítima. Y eso tiene consecuencias electorales.

Quien aspire a gobernar en 2027 debe entenderlo:

ignorar a la migración organizada ya no es neutro, es costoso.

De la agenda social a la agenda electoral

La agenda migrante ya no se limita a programas asistenciales. Hoy incluye demandas políticas concretas:

Participación migrante en presupuesto participativo.

Acceso efectivo a salud y seguridad social para migrantes en retorno.

Representación legislativa con posibilidades reales de ganar.

Incidencia directa en secretarías estatales del migrante.

Modelos de coinversión tipo 3x1 modernizado, con control comunitario.

Quien no asuma estos puntos no está dialogando con la migración: está administrando el conflicto.

2027: el punto de quiebre

La elección de 2027 será un parteaguas. No solo por los nombres que lleguen a las gubernaturas, sino por cómo llegan. Las internas, las negociaciones previas y los acuerdos tempranos serán determinantes. Ahí es donde se amarran compromisos. No después.

La migración organizada ya entendió la lógica del poder:

los acuerdos se construyen antes de las candidaturas, no después de las elecciones.

Quien quiera el respaldo migrante tendrá que demostrarlo con hechos. Y quien no, deberá asumir el costo político de seguir tratando a millones de personas como una nota al pie del discurso nacional.

La pregunta ya no es si la agenda migrante estará en la boleta.

La pregunta es quién se atreverá a tomársela en serio.

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