106 nuevas leyes migratorias reconfiguran el mapa de Estados Unidos

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 17 Octubre 2025.- Estados Unidos, la nación construida también por migrantes, se está reinventando a través de leyes que los fragmentan. Ya no se trata de un muro físico, sino de un muro jurídico, invisible pero efectivo, que divide derechos, oportunidades y vidas.

Y lo digo por esto: En apenas nueve meses, 38 estados aprobaron 106 nuevas leyes migratorias. Pero más que una cifra, el dato describe una fractura. La política migratoria estadounidense ha dejado de ser un asunto nacional: se ha convertido en un mosaico legal que depende del código postal. Hoy, cruzar una frontera interna puede ser tan determinante para un migrante como cruzar la frontera internacional.

El abogado Héctor Quiroga, defensor de trabajadores inmigrantes, lo resume con precisión quirúrgica: “El número total de leyes no es lo único relevante; lo que realmente preocupa es la orientación que están tomando”. Y tiene razón. El análisis muestra que el 51 % de las leyes aprobadas en 2025 son restrictivas, frente a un 44 % favorables y un 5 % neutrales. La tendencia no es estadística: es estructural. Estados Unidos está configurando un nuevo régimen migratorio descentralizado y desigual, donde la movilidad, la residencia y los derechos dependen del territorio.

En 2024, el mapa lucía distinto. Se aprobaron 137 leyes, con un relativo equilibrio entre inclusión y control: había margen para medidas en salud, educación y programas sociales. Pero en 2025 la prioridad cambió: vigilancia, permisos laborales, control del voto. La inclusión dejó de ser una política para convertirse en un recuerdo.

El péndulo se mueve hacia el endurecimiento

Florida, Texas e Idaho lideran la avanzada restrictiva. Florida pasó de cinco leyes en 2024 a ocho en 2025, con énfasis en criminalizar el voto sin ciudadanía y reforzar la cooperación policial con ICE. Texas, que había mantenido cierta pausa legislativa, aprobó cuatro normas que amplían facultades de detención y deportación por parte de autoridades locales, una intromisión directa en competencias federales. Idaho, por su parte, añadió seis leyes que endurecen el acceso a servicios y documentación para migrantes.

Mientras tanto, California, Nueva York e Illinois, tradicionalmente motores de políticas inclusivas, han perdido protagonismo. No porque hayan girado hacia la restricción, sino porque han quedado eclipsados por la ofensiva legal del Sur y el centro del país. “Los estados progresistas no se han vuelto restrictivos —advierte Quiroga—, pero han dejado de marcar la agenda”. El resultado: una nación con dos realidades opuestas.

En Virginia, por ejemplo, se protege a los arrendatarios frente a preguntas sobre su estatus migratorio. Pero en Florida, el intento de votar sin ciudadanía se tipifica como delito; y en Texas, la policía local asume tareas de deportación, una función que por Constitución corresponde al gobierno federal. Lo que en un estado es protección, en otro es castigo.

Esta fragmentación tiene consecuencias profundas. El migrante ya no enfrenta solo la incertidumbre de su estatus federal: ahora enfrenta 38 interpretaciones distintas de lo que significa ser “legal” o “ilegal”. La vida cotidiana se vuelve un laberinto normativo: trabajar, rentar, estudiar o incluso presentarse a una audiencia puede implicar riesgos diferentes según la latitud.

“El ciudadano de a pie no percibe estas normas como debates abstractos —explica Quiroga—: lo siente cuando no puede acceder a un empleo formal, renovar un documento o mantener un techo sobre su cabeza”.l

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha comenzado a impugnar varias de estas leyes, especialmente en Florida, Texas e Idaho, donde se cuestiona su constitucionalidad. Pero el daño estructural ya está hecho: Estados Unidos se ha convertido en una federación de microfronteras internas, donde cada gobernador define su propio modelo de exclusión.

El fenómeno trasciende la coyuntura. Lo que está en juego no es sólo la política migratoria: es la autoridad moral del sistema federal. Si cada estado legisla sobre migración según intereses partidistas, la Unión se desfigura. En términos internacionales, este proceso debilita la posición de EE.UU. como referente en derechos humanos, pues el país que exige respeto a las normas internacionales es el mismo que, puertas adentro, las diluye en 38 versiones contradictorias.

Todo apunta a que este ciclo no será pasajero. Las proyecciones legislativas, los calendarios electorales y la agenda partidista anticipan un endurecimiento estructural, con leyes que refuerzan la vigilancia, criminalizan la irregularidad administrativa y otorgan más poder a gobiernos estatales para intervenir en asuntos migratorios.

Es el regreso del “estado frontera”: un modelo donde la ley no une, sino que separa; donde cada legislación local se convierte en instrumento de control político y social. Y en ese contexto, los migrantes vuelven a ser la materia prima de la retórica del miedo.

El desafío no es menor: reconstruir una política migratoria coherente, humana y federal antes de que la nación quede atrapada en su propio laberinto de leyes contradictorias. Porque cuando la justicia depende del estado en el que uno pisa, la Unión deja de ser verdaderamente unida.

Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/