Sindicatos bajo amenaza

Columna Horas Extras

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 12 de agosto 2025.- La reciente confirmación de la Fiscalía del Estado de México sobre la infiltración del crimen organizado en sindicatos no es un tema aislado: es un síntoma de un problema estructural que se extiende por todo el país. En el Valle de México, y en otras regiones industriales estratégicas, organizaciones criminales han encontrado en el sindicalismo una puerta de entrada a la extorsión, el control territorial y el lavado de recursos, aprovechando el escudo de legalidad que la figura sindical les otorga.

El mecanismo es perverso y eficiente. Primero, se registra un sindicato con fines aparentemente legítimos. Luego, bajo el amparo de la ley laboral, se ocupa el terreno de obras, centros de transporte o corredores industriales, no para defender derechos laborales, sino para imponer cuotas ilegales, condicionar el acceso y extorsionar a empresas y trabajadores. Así, la bandera de la “defensa obrera” se convierte en herramienta de coacción.

El impacto es doblemente corrosivo. Por un lado, erosiona la confianza en el sindicalismo auténtico, debilitando la representación legítima de los trabajadores. Por otro, genera un clima de inseguridad que paraliza inversiones y coloca a empresarios y obreros en un callejón sin salida: negociar con criminales disfrazados de líderes sindicales o enfrentar represalias.

El problema no es nuevo, pero se ha agravado en la última década por dos factores: la fragmentación sindical derivada de las reformas laborales —que multiplicó el número de sindicatos sin un control efectivo de sus dirigencias— y la expansión del crimen organizado hacia sectores “no tradicionales” como la construcción, el transporte y la logística.

La respuesta institucional sigue siendo reactiva y fragmentada. Sin coordinación entre la Secretaría del Trabajo, las fiscalías estatales y la Guardia Nacional, las investigaciones se diluyen. Y lo más grave: mientras los verdaderos líderes sindicales denuncian el fenómeno, el gobierno evita abrir un debate público profundo sobre cómo depurar el registro sindical y blindar su funcionamiento contra el crimen.

Permitir que el sindicalismo se convierta en una máscara para el crimen organizado no solo vulnera derechos laborales: también legitima un modelo en el que la extorsión se normaliza como “costo de operación”. Si las autoridades no actúan con decisión, el precio no lo pagará solo la clase trabajadora, sino toda la estructura productiva del país.

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