Proponen reglas claras para definir la diputación migrante en la Ciudad de México

Por Daniel Lee Vargas

Buscan incorporar a la ley el mecanismo de asignación para evitar que dependa de lineamientos administrativos

Ciudad de México 16 de junio 2026.- .- El Congreso capitalino analizará una reforma que busca dar certeza jurídica a la elección de la diputación migrante, una figura contemplada en la Constitución local pero que hasta ahora carece de reglas específicas para determinar su asignación.

La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Juan Estuardo Rubio Gualito, quien propone adicionar un Artículo 20 Bis al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. El objetivo es establecer en la legislación el procedimiento para computar los votos y definir qué fuerza política obtiene esta representación.

Actualmente, el Artículo 29 de la Constitución capitalina reconoce el derecho de las personas originarias de la Ciudad de México que residen en el extranjero a elegir una curul mediante el principio de mayoría relativa. Sin embargo, la norma no establece cómo debe realizarse el cómputo ni qué fórmula debe aplicarse para declarar a la candidatura ganadora.

Ante esa ausencia normativa, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha tenido que emitir criterios y lineamientos para organizar el proceso. Aunque estos instrumentos han permitido la operación de la figura, especialistas consideran que un tema de esta relevancia debe estar respaldado por una disposición legal permanente y no por acuerdos susceptibles de modificarse entre una elección y otra.

La propuesta plantea que la asignación corresponda al partido político, coalición o candidatura común que obtenga la suma más alta entre los sufragios emitidos desde el extranjero por ciudadanos originarios de la capital y la votación total alcanzada por cada fuerza política en los 33 distritos electorales uninominales de la Ciudad de México.

Rubio Gualito argumenta que esta fórmula fortalece el principio de mayoría relativa previsto en la Constitución y aporta mayor certidumbre tanto a los electores radicados fuera del país como a las autoridades encargadas de validar los resultados.

El debate surge en un momento en que la participación de los mexicanos en el exterior adquiere una relevancia creciente. La iniciativa recuerda que durante 2025 las remesas alcanzaron 61 mil 791 millones de dólares, una cifra que confirma el peso económico de quienes viven y trabajan fuera de México.

No obstante, reducir la relación con la diáspora únicamente al envío de recursos económicos sería insuficiente. Miles de mexicanos mantienen una presencia activa en organizaciones comunitarias, proyectos sociales y espacios de participación pública desde Estados Unidos, Canadá y otros países donde se han asentado durante las últimas décadas.

Diversas agrupaciones han insistido en que el reconocimiento de sus derechos políticos debe avanzar al mismo ritmo que su aportación económica. Integrantes de la organización Fuerza Migrante han señalado en distintos foros que los connacionales en el exterior no pueden ser considerados únicamente como generadores de remesas, sino como ciudadanos con derecho a incidir en las decisiones públicas que afectan a sus comunidades de origen.

De manera similar, federaciones de clubes de migrantes han manifestado que la falta de procedimientos claramente definidos puede generar incertidumbre entre los votantes radicados fuera del país y afectar la confianza en los mecanismos de participación electoral.

La discusión legislativa va más allá de un ajuste técnico. También refleja una demanda histórica de millones de mexicanos que mantienen vínculos familiares, económicos y sociales con su lugar de origen pese a residir en otras naciones. Para diversas organizaciones, consolidar mecanismos transparentes y estables constituye un paso necesario para fortalecer la inclusión democrática de una población que durante años ha reclamado una representación efectiva.

De aprobarse, la reforma permitiría que la elección de esta curul cuente con una base jurídica específica y evitaría que aspectos fundamentales del proceso dependan exclusivamente de disposiciones administrativas. El reto ahora será traducir el reconocimiento constitucional en reglas claras que garanticen certeza, transparencia y legitimidad electoral.

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