Propone reforzar seguridad turística en BC y garantizar permanencia de medidas tras cambios de Gobierno

Redacción

Tijuana, 25 de septiembre de 2026.- Con el fin de garantizar la seguridad turística como política pública permanente en la entidad, independientemente de los cambios de administración, la diputada Teresita Ruiz presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Baja California para reconocer el turismo como derecho ciudadano.

La legisladora explicó que busca ampliar los derechos al tiempo libre para incluir actividades turísticas, impulsando que se realicen más acciones en beneficio de los habitantes y visitantes de Baja California. 

"Como presidenta de la Comisión de Turismo e Innovación, estoy convencida de que es elemental la continuidad en los acuerdos institucionales y en las acciones de seguridad turística, independientemente del partido político que gobierne en esos momentos", indicó. 

En materia de seguridad turística, la iniciativa plantea que las políticas públicas se elaboren e implementen de manera conjunta y coordinada entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil, garantizando su permanencia tras los relevos en el Gobierno. 

Ruiz Mendoza añadió que la reforma se fundamenta en el Código Ético Mundial para el Turismo, así como en el Programa Sectorial de Turismo 2025-2030, el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2022-2027 y el Programa Sectorial de Turismo BC 2022-2027, que colocan la seguridad como eje indispensable para fortalecer la confianza en los destinos. 

"Consideramos que una medida legislativa como la que hoy presento vendrá a contribuir a que los trabajos del Consejo de Turismo y de la Mesa de Seguridad Turística no se vean interrumpidos o clausurados por los periodos electorales y los cambios de gobierno", subrayó. 

Este esfuerzo legislativo también responde a la necesidad de dar certeza jurídica y social a la actividad turística, asegurando que los beneficios lleguen a toda la colectividad, al reafirmar que el turismo no solo es motor económico, sino también un derecho ciudadano que debe ejercerse en condiciones de seguridad, inclusión y respeto.