Propone actualizar reglas de arrendamiento para proteger a pequeños productores y ejidatarios

Redacción

Tijuana, 8 de septiembre de 2026.- Con el fin de que pequeños productores, campesinos y ejidatarios que rentan tierras de cultivo o agostadero deban realizar pagos notariales desproporcionados, el diputado Fidel Mogollón propuso actualizar el monto establecido en el Código Civil de Baja California que determina cuándo un contrato de arrendamiento de un predio rústico debe formalizarse mediante escritura pública. 

La propuesta plantea reformar el Código Civil estatal, que actualmente establece esta obligación cuando la renta de un predio rústico supera los 5 mil pesos anuales, cantidad que, debido a los procesos inflacionarios y al incremento de los valores inmobiliarios y agropecuarios, ya no corresponde con la realidad económica. 

El legislador señaló que el monto vigente equivale a poco más de 416 pesos mensuales, por lo que en la actualidad prácticamente cualquier arrendamiento rural supera ese límite y esta situación provoca que una disposición concebida para operaciones de mayor relevancia económica se aplique a contratos de menor cuantía o pierda eficacia en la práctica. 

El inicialista advirtió que esta condición afecta principalmente a pequeños productores, campesinos y ejidatarios, quienes pueden enfrentar gastos notariales derivados de la obligación de formalizar sus contratos media ante escritura pública. Ante esta situación, la iniciativa propone sustituir el monto fijo por un parámetro de 1,605 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales, con el propósito de que la legislación se adapte a las condiciones económicas y conserve su vigencia frente a los efectos de la inflación. 

Con esta modificación se busca que la obligación de otorgar escritura pública se concentre en arrendamientos rústicos de mediana y alta relevancia económica, mientras que las operaciones de menor cuantía cuenten con condiciones legales acordes con la realidad del sector rural. La utilización de la UMA como referencia también permitiría evitar que el monto establecido en la legislación pierda valor con el paso del tiempo y reduciría la necesidad de realizar reformas periódicas para actualizar cantidades expresadas en pesos. 

Asimismo, Mogollón Pérez busca fortalecer la certeza jurídica de quienes participan en contratos de arrendamiento de tierras y proteger el patrimonio de las partes contratantes. La reforma propuesta también busca armonizar el Código Civil estatal con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.