Presentan iniciativa ciudadana para proteger derechos de personas con discapacidad

Redacción

Tijuana.- Con el objetivo de sancionar a servidores públicos que no respeten los derechos de las personas con discapacidad, la diputada Dunnia Murillo presentó ante el Congreso bajacaliforniano la iniciativa ciudadana de reforma a la Ley para Personas con Discapacidad estatal, de la profesora Hazel Montaño López, madre de un joven con discapacidad nacido en Ensenada el 2 de septiembre del año 2000.

En su exposición de motivos, la legisladora citó a la profesora Montaño, quien explicó que "como madre de un niño con discapacidad, la lucha es diaria, teniendo una ley que menciona que deberán proporcionarle todo al menor, pero la realidad es que, al nacer, la institución de salud si no tienen la afiliación en la misma, debes pasar por un calvario emocional y económico sola".

Añadió que al ingresar a las escuelas, hay condicionantes que hacen que el 60% se quede en casa, sin tener derecho ni a la estimulación, mucho menos a la educación informal o especial, según sea el caso. Por ello, el niño se convierte en un joven que espera en la oscuridad como pasa la vida, y no hay escuela, ni trabajo, violentándose sus derechos.

En ese sentido, proponen sanciones precisas para los servidores públicos que incumplan con la legislación y no respeten los derechos de las personas con discapacidad, previendo suspensión o destitución del cargo, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos en el servicio público, entre los castigos para quienes, trabajando en la administración pública estatal, violen la Ley que se busca reformar.

Además, propone que la Secretaría de Salud del Estado expida a las personas con discapacidad un seguro de salud; y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California otorgue servicios de estimulación y rehabilitación, además brinde apoyo psicológico y terapéutico a sus familiares.

También se plantea que reciban estas personas, educación gratuita, dentro de las instalaciones de gobierno o pertenecientes a este; sancionando a la autoridad que llegare a condicionar a las personas con discapacidad el acceso a programas de rehabilitación, otorgamiento de medicamentos, así como no cubrir las cuotas y los materiales necesarios para el desempeño de las terapias rehabilitadoras.