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Pide Congreso atención y seguimiento integral a estudiantes que generan violencia en escuelas

  • hace 1 día
  • 1 Min. de lectura

Redacción


Tijuana, 21 de marzo de 2026.- Con el fin de prevenir la violencia en los centros educativos de la entidad, fortaleciendo la convivencia escolar, el Congreso bajacaliforniano emitió un exhorto dirigido a la secretaria de Educación para que se robustezcan los mecanismos de seguimiento integral dirigidos a estudiantes identificados como generadores de conductas violentas. 


La acción legislativa fue promovida por la diputada Alejandra Ang, quien resaltó la necesidad de consolidar lineamientos o protocolos complementarios que permitan intervenciones oportunas, formativas y preventivas, incorporando acompañamiento psicológico, programas de educación socioemocional y la participación activa de madres, padres o tutores. 


La legisladora argumentó que la violencia escolar representa una de las problemáticas más sensibles dentro del entorno educativo, al afectar el desarrollo académico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes, además de propiciar entornos de temor e inseguridad que pueden derivar en deserción escolar. 


"Si bien en Baja California existen disposiciones orientadas a la prevención y atención del acoso escolar, se requiere sistematizar mecanismos específicos que garanticen un seguimiento continuo y especializado a quienes incurren en este tipo de conductas, con un enfoque restaurativo que evite la estigmatización", afirmó Ang Hernández. 


Además, señaló, la intervención temprana con estudiantes generadores de violencia debe considerar factores sociales, familiares y emocionales asociados a estas conductas, a fin de modificar patrones negativos, prevenir la reincidencia y contribuir a la construcción de comunidades escolares más armónicas. 


Como antecedente, se refirió al caso reciente de agresión física entre estudiantes en un plantel educativo del municipio de Mexicali, hecho que evidencia la persistencia de este fenómeno y la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales orientadas a su prevención y erradicación.  

 
 
 

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