Cicuta News – Regional – 19/09/2020
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, hizo un llamado al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz para que pida licencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Jorge Alberto Ayón Monsalve; para que se realice una investigación de supuestos actos de corrupción que ocurren al interior de la corporación policiaca del municipio.
Durante una transmisión este sábado, el gobernador estuvo acompañado por el secretario Técnico de la Mesa de Seguridad en Baja California, Isaías Bertín Sandoval, así como del fiscal central, Hiram Sánchez Zamora.
En primera instancia hablaron de las manifestaciones que realizan los transportistas, sobre extorciones a los que son sometidos por parte de agentes municipales para poder ingresar a la aduana en Otay.
Asimismo, hablaron sobre los dos ex agentes municipales que fueron detenidos en San Diego debido a que planeaban realizar un robo a una casa habitación en Chula Vista, California; investigación en la que participó el FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés).
Retomaron el audio de una supuesta declaración de un agente activo de la Policía Municipal en el que detalla un decomiso de drogas y armas a una persona involucrada en el narcotráfico, y que recibió instrucciones del director de Servicios de Protección Comercial y de Vigilancia Auxiliar municipal, Miguel Cabrera, de suspender el decomiso y devolver todo.
Sobre el caso de Yurem, niño de 6 años que falleció a causa de un disparo, cuando agentes de la policía municipal realizaban una persecución a un hombre armado; el fiscal central, Hiram Sánchez aseveró existen inconsistencias en las declaraciones de los oficiales involucrados y los peritajes.
Del informe policial homologado se desprende que había varias unidades durante la persecución, la cual se originó alrededor de las 8:46 de la mañana, cuando los elementos observaron a un hombre que empuñaba un arma, al pedirle que se detuviera el hombre detonó el arma tres veces contra los agentes y corrió, por lo que los policías repelieron la agresión.
Según los primeros peritajes, la persecución inició a casi 300 metros de la casa de Yurem, pues se encontraron varios casquillos percutidos pertenecientes a las armas de los oficiales y uno más proveniente del arma del sujeto.
El hombre fue ultimado en un lote baldío que se ubica a un costado de la casa del menor; las lesiones de arma de fuego que presenta el cuerpo fueron por la espalda y están por determinar otras lesiones en cabeza.
Sánchez Zamora agregó que existen varias inconsistencias entre los peritajes y las declaraciones de los policías, como el número de detonaciones que se hicieron durante la persecución, que el sujeto al que se identificó con el nombre César, accionó su arma tres veces cuando solo se recuperó un casquillo del lugar mientras que un segundo casquillo quedó dentro del arma.
Una tercera inconsistencia es la distancia, pues mientras los oficiales señalan que se inició a 300 metros, el peritaje señala unos 200 metros desde donde César realizó la primera detonación, hasta el lugar donde perdió la vida.
Asimismo, agrego que los datos de balística indican que el proyectil que quitó la vida al pequeño de seis años provino de una de las armas de los agentes municipales.
Ante los datos, Bonilla cuestionó las discrepancias entre las declaraciones por lo que solicitó al fiscal central se realice una investigación a fondo tanto por la muerte de Yurem como en los actos de corrupción y extorsión.
“Es triste que tengamos que llegar a esto (la muerte de Yurem) para poner un alto; yo le pido a la Fiscalía que haga una investigación exhaustiva a detalle y que la gente sepa realmente cuál es la verdad”, dijo Bonilla Valdez.
Aseveró que los datos proporcionados por los oficiales en el reporte de hechos, fueron mentiras solapadas por jefes inmediatos e incluso podría ser hasta por los altos mandos.
“Le pido al presidente municipal que le pida licencia al secretario de seguridad para que puedan hacer esta investigación y ya se paren los encubrimientos; la sindicatura ha querido investigar, pero se lo prohíben por parte del cabildo. Hay una verdadera corrupción que no se explica “, señaló el gobernador.
