Organizaciones migrantes, el Estado ausente y la defensa que sostiene la sociedad civil

Por Daniel Lee Vargas

La crisis migratoria con rostro de mujer

Ciudad de México 1 Marzo 2026.- La migración mexicana ha dejado de ser únicamente un fenómeno económico para convertirse en una crisis humanitaria compleja, atravesada por desigualdades de género, violencia estructural y vacíos institucionales. Frente a la insuficiencia del Estado para garantizar derechos, han sido las organizaciones migrantes mexicanas —dentro y fuera del país— las que han asumido un papel central en la defensa de millones de personas en movilidad, particularmente de las mujeres, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad diferenciadas.

Por otra parte, el trabajo del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) representa uno de los ejemplos más claros de esta intervención social ante la omisión institucional. Fundado en 2010 por especialistas en derecho migratorio, el organismo surgió ante la ausencia de políticas públicas que atendieran la migración con perspectiva de género. Quince años después, ha acompañado a más de seis mil mujeres migrantes y sus familias, ofreciendo asesoría legal, atención psicosocial y litigio estratégico en casos de asilo, reunificación familiar, custodia transnacional y reconocimiento de nacionalidad.

La relevancia de estas organizaciones se explica por el contexto que enfrentan las mujeres migrantes. México es simultáneamente país de origen, tránsito y destino migratorio, con una creciente feminización de los flujos. Millones de mujeres migran por razones económicas, pero su trayecto suele estar marcado por violencia sexual, trata de personas, discriminación institucional y detenciones arbitrarias. Datos de ONU México estiman que entre el 24% y el 80% de las mujeres migrantes experimentan algún tipo de violencia sexual durante su proceso migratorio, lo que evidencia la dimensión del problema y la urgencia de respuestas estructurales.

Ante este panorama, las organizaciones migrantes mexicanas han desarrollado redes de protección que suplen funciones estatales básicas. Desde albergues y asesoría jurídica hasta acompañamiento psicológico y defensa de derechos laborales, estos colectivos operan como mecanismos de contención frente a un sistema que privilegia el control migratorio sobre la protección de derechos humanos. Su intervención ha permitido documentar abusos, impulsar reformas legales y visibilizar prácticas discriminatorias que durante años permanecieron normalizadas.

El propio IMUMI ha impulsado cambios concretos en la protección de derechos. Su trabajo contribuyó a reformas que permiten a niñas y niños migrantes acceder a la educación sin documentos mexicanos, favoreció el reconocimiento de decenas de miles de menores nacidos en Estados Unidos que residen en México y obtuvo compensaciones económicas para familias afectadas por detenciones arbitrarias. Además, su litigio estratégico llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer precedentes contra las revisiones migratorias basadas en perfilamiento racial, obligando al Instituto Nacional de Migración a reconocer públicamente prácticas discriminatorias en operativos de verificación.

Estos avances muestran que el cambio institucional en materia migratoria ha dependido más de la presión de la sociedad civil que de una política pública coherente. Las organizaciones migrantes mexicanas no solo brindan asistencia humanitaria, sino que actúan como contrapesos democráticos frente a abusos del poder estatal, documentando violaciones, promoviendo reformas y acompañando procesos judiciales que redefinen el alcance de los derechos humanos en el país.

Sin embargo, su labor enfrenta obstáculos estructurales. La reducción del financiamiento internacional, la falta de apoyo gubernamental y el endurecimiento de las políticas migratorias en distintos países han debilitado su capacidad operativa. Paradójicamente, mientras la migración se intensifica y los riesgos aumentan, los recursos para proteger a las personas migrantes disminuyen. Esta precarización institucional coloca a miles de mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, al limitar servicios esenciales como asesoría legal especializada o acompañamiento en casos de violencia de género.

La relevancia de estas organizaciones también radica en su dimensión transnacional. Colectivos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, redes comunitarias y organizaciones binacionales han sido fundamentales para garantizar derechos laborales, apoyar procesos de regularización migratoria, facilitar reunificaciones familiares y denunciar políticas restrictivas. Su trabajo demuestra que la migración es un fenómeno que trasciende fronteras y exige respuestas coordinadas entre países, algo que los gobiernos aún no han logrado construir plenamente.

Sígueme en mis redes sociales:  @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542