Nuevas restricciones migratorias en EU dejan en el limbo a miles de migrantes legales

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 28 Diciembre 2025.- La administración de Estados Unidos implementó en las últimas semanas nuevas restricciones en su política migratoria que afectan directamente los trámites de ciudadanía, asilo y permisos de residencia, incluso para personas que ya cuentan con estatus legal.

Entre los cambios más relevantes se encuentran la suspensión, plazos más largos para obtener respuestas de procesos de naturalización y ajuste de estatus, así como la eliminación de extensiones automáticas de permisos de trabajo para personas con solicitudes en trámite.

Estas disposiciones colocan a miles de migrantes en un escenario de incertidumbre jurídica y laboral, al quedar sin autorización para trabajar mientras sus casos permanecen sin resolución.

La actual política migratoria es una ofensiva estructural que redefine quién puede aspirar a vivir, trabajar y participar en sociedad dentro de ese país.

Y uno de los cambios más preocupantes es la suspensión de los procesos de naturalización, residencia permanente y asilo para solicitantes de diversas nacionalidades bajo la excusa de “revisiones de seguridad”.

Otra arista del endurecimiento es la reducción de la vigencia de los permisos laborales para asilados y refugiados, que pasaron de cinco años a apenas 18 meses antes de requerir renovación. Tales decisiones, más allá de un ajuste técnico, constituyen un mecanismo de control donde cada renovación es una nueva fiscalización de pertenencia y vigilancia sobre vidas que ya formaban parte del tejido productivo estadounidense.

Estas medidas, presentadas públicamente bajo el discurso de seguridad nacional, tienen profundas implicaciones: ponen en jaque la certeza jurídica de miles de residentes legales y aspirantes a regularizarse, al tiempo que instrumentalizan la burocracia migratoria como herramienta de exclusión social.

En este contexto, es fundamental situar la situación de los mexicanos en Estados Unidos, que siguen siendo —por volumen— el grupo migrante más numeroso en ese país. A lo largo de las últimas décadas, México ha sido consistentemente el principal origen de la población inmigrante en EE. UU.; en 2023, cerca de 10.9 millones de residentes nacidos en México vivían allí, representando cerca de una cuarta parte del total de inmigrantes.

En este contexto, nuestros paisanos conforman una proporción significativa tanto de residentes con estatus legal como de personas sin autorización. Históricamente, han representado casi la mitad de la población indocumentada, aunque esa proporción ha ido disminuyendo con el tiempo.

Pero estas estadísticas no son números abstractos: representan hogares, economías familiares, proyectos de vida que ahora están bajo una amenaza real. Con el congelamiento de solicitudes migratorias y la eliminación de extensiones automáticas de permisos de trabajo, un porcentaje considerable de mexicanos que buscan legalizar su estatus enfrentan ahora una doble penalización: primero, por políticas que limitan sus derechos, y segundo, porque esta indefinición los vuelve más vulnerables a la explotación laboral, la exclusión social y el miedo constante al arresto o deportación.

Las implicaciones de estas políticas son transnacionales. Miles de mexicanos que han construido vidas, familias y aportes económicos en Estados Unidos ahora viven bajo la espada de Damocles de un sistema que redefine su pertenencia cada vez que una norma migratoria cambia. La incertidumbre jurídica no solo daña la salud mental de las comunidades migrantes, sino que socava la cohesión social en regiones dependientes de trabajadores migrantes —como el sector agrícola, los servicios y la tecnología— frente a un discurso que criminaliza la movilidad humana.

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