Niñez migrante sin defensa

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 28 Enero 2026.- Hay temas que son importantes de retomar, insistir en ellos y colocarlos en la agenda pública cuantas veces sea necesario.

La decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar, en febrero de 2025, el financiamiento federal para la asistencia jurídica de niñas y niños migrantes no acompañados no fue un simple recorte presupuestal ni un giro técnico en la política migratoria. Fue —y sigue siendo— una ruptura grave con los principios básicos del derecho internacional, del interés superior de la niñez y del propio Estado de derecho estadounidense.

Así lo han advertido expertos independientes de Naciones Unidas, quienes han calificado la medida como una violación grave de los derechos humanos de la infancia, particularmente porque afecta a menores bajo custodia federal y los deja enfrentando procesos migratorios sin defensa legal.

Poco después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, su administración ordenó en febrero de 2025 la suspensión del financiamiento a organizaciones que brindaban representación legal a menores migrantes no acompañados. La instrucción obligó a despachos y asociaciones especializadas a cesar actividades de forma inmediata, dejando a miles de niños en un limbo jurídico.

El impacto fue muy duro. Más de 26 mil menores quedaron sin abogado, a pesar de que muchos de ellos tienen derecho legal a solicitar asilo, protección humanitaria o estatus especial por haber sido víctimas de violencia, trata o persecución.

El problema no es solo ético o humanitario. Es también legal. La medida adoptada en febrero de 2025 contraviene la legislación estadounidense, que garantiza representación legal a los menores colocados bajo tutela federal. Es decir, el propio Estado incumple las normas que dice defender.

En la práctica, esto significa obligar a niñas y niños —algunos de apenas cinco o seis años— a comparecer solos ante jueces migratorios, en procedimientos complejos, adversariales y diseñados para adultos. No es una exageración: es una forma institucionalizada de indefensión.

Desde entonces, la política migratoria estadounidense ha reforzado una narrativa peligrosa: la niñez migrante como riesgo y no como sujeto de derechos. Las imágenes de operativos recientes, como la detención del niño Liam Conejo Ramos, de cinco años, durante un intento de captura de su padre, evidencian el nivel de normalización del trauma infantil.

Los expertos de la ONU han documentado que, tras el retiro del financiamiento, los niños son detenidos en celdas sin ventanas, privados de atención médica adecuada y separados de padres o tutores por largos periodos. Entre enero y agosto de 2025, la duración promedio de la detención infantil pasó de alrededor de un mes a hasta seis meses, un dato que por sí solo revela la magnitud del deterioro.

Cuando una potencia como Estados Unidos adopta este tipo de decisiones, el daño trasciende sus fronteras. Debilita el sistema internacional de protección a la infancia, erosiona estándares globales y envía una señal peligrosa a otros países: que es aceptable sacrificar derechos fundamentales en nombre del control migratorio.

La advertencia de la ONU no es retórica. Es una alerta frente a un patrón de políticas que criminalizan la migración incluso cuando involucra a niños, y que sustituyen la protección por castigo.

Desde ese febrero, Estados Unidos cruzó una línea roja. Privar a niñas y niños migrantes del derecho a una representación legal no es política pública: es abandono institucional. No fortalece la frontera, no ordena la migración y no mejora la seguridad. Solo profundiza la injusticia.

Un país que se proclama defensor de los derechos humanos no puede dejar indefensos a menores frente a tribunales migratorios. La niñez migrante no necesita mano dura. Necesita ley, protección y humanidad. Todo lo demás es retroceso. Así las cosas. Hasta la próxima...

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