Migrar no borra la ciudadanía, Fuerza Migrante fija postura ante reforma ambigua

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 25 de mayo 2026.- La organización binacional #FuerzaMigrante fijó su postura acerca de las iniciativas relacionadas con nulidad electoral e intervención extranjera, y en esta pone el foco en una de las contradicciones más profundas y peligrosas del actual debate político mexicano: el riesgo de utilizar el discurso de la soberanía nacional como pretexto para limitar derechos políticos de millones de connacionales que viven fuera del país.

Bajo el argumento de proteger la integridad electoral y evitar injerencias externas, distintas propuestas legislativas han comenzado a abrir una puerta sumamente delicada: construir definiciones ambiguas sobre “intervención extranjera” que podrían terminar criminalizando o colocando bajo sospecha la participación política, social y comunitaria de mexicanos radicados en Estados Unidos.

Y ahí es donde Fuerza Migrante levanta una advertencia que el Estado mexicano no puede ignorar.

En un comunicado, la binacional es enfática: una cosa es combatir operaciones de desinformación financiadas desde gobiernos extranjeros, campañas digitales ilegales o mecanismos de manipulación electoral; y otra muy distinta es intentar meter en el mismo saco a organizaciones de migrantes, redes comunitarias, espacios académicos, observadores electorales o plataformas de participación binacional construidas por mexicanos que, aunque viven fuera del territorio nacional, siguen siendo ciudadanos plenos de este país.

Resulta preocupante que en pleno siglo XXI todavía existan sectores políticos incapaces de entender que la nación mexicana no termina en la frontera norte.

Millones de mexicanos sostienen la economía nacional mediante remesas, mantienen vínculos culturales y familiares permanentes, participan en procesos electorales y continúan formando parte activa de la vida pública nacional. Sin embargo, cuando esos mismos ciudadanos intentan organizarse, opinar o incidir políticamente, inmediatamente aparecen voces que buscan tratarlos como agentes externos o potenciales amenazas.

Ese enfoque no solamente es injusto, es hipócrita.

Durante décadas, los gobiernos mexicanos presumieron el valor económico y social de la comunidad migrante cuando convenía políticamente hablar de remesas o del “orgullo paisano”. Pero ahora, cuando los mexicanos en el extranjero comienzan a consolidar estructuras de representación más visibles y con mayor capacidad de incidencia pública, algunos actores pretenden encender alertas sobre supuestas interferencias extranjeras.

La postura de Fuerza Migrante exhibe precisamente ese doble discurso.

La organización reconoce la necesidad de proteger la soberanía nacional y fortalecer mecanismos contra la manipulación electoral. Nadie está cuestionando eso. Lo que sí cuestiona —y con razón— es la peligrosa vaguedad con la que podrían redactarse ciertas normas que permitan interpretaciones discrecionales contra ciudadanos mexicanos residentes en el exterior.

Porque el verdadero riesgo democrático aparece cuando conceptos jurídicos mal definidos permiten perseguir selectivamente la participación ciudadana incómoda.

Hoy podría utilizarse contra organizaciones migrantes; mañana contra periodistas; después contra universidades, plataformas digitales o asociaciones civiles. Así comienzan muchas regresiones democráticas: bajo discursos patrióticos aparentemente legítimos que terminan debilitando derechos fundamentales.

México no puede darse el lujo de convertir a su diáspora en sospechosa permanente.

Especialmente cuando hablamos de una comunidad migrante que ha sido históricamente abandonada por las instituciones mexicanas, utilizada electoralmente durante campañas y olvidada sistemáticamente una vez terminados los procesos políticos.

Nuestros paisanos en Estados Unidos enfrentan discriminación, persecución migratoria, explotación laboral y separación familiar; aun así, continúan sosteniendo económicamente a millones de hogares mexicanos. Pretender ahora limitar o vigilar su participación política transnacional sería no sólo un error jurídico, sino una profunda traición política.

La discusión de fondo debería ser mucho más seria y mucho más honesta.

Defender la soberanía nacional no significa levantar muros contra los propios mexicanos que viven fuera del país.

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