Impugnan Fiscales de EU los arrestos migratorios sin orden judicial

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 21 Octubre 2026.- Una coalición de fiscales generales de 21 estados y el Distrito de Columbia denunció que los arrestos migratorios sin orden judicial, realizados sin evaluar el riesgo de fuga, vulneran el debido proceso y generan miedo, separan familias y afectan las economías locales.

Los fiscales generales presentaron un escrito ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia para respaldar una demanda colectiva que impugna los arrestos de migrantes sin orden judicial por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En el documento, advierten que las detenciones se realizan de manera habitual sin cumplir los requisitos establecidos por la legislación federal, lo que pone en entredicho la legalidad de las operaciones migratorias y agrava sus consecuencias para las comunidades afectadas.

La ley establece que los agentes pueden efectuar determinados arrestos civiles sin orden judicial únicamente cuando existe causa probable para creer que la persona se encuentra ilegalmente en el país y que probablemente escapará antes de que pueda obtenerse una orden. Sin embargo, los demandantes sostienen que las autoridades omiten con frecuencia evaluar individualmente ese riesgo de fuga.

El problema, señalan, no se limita a la situación de quienes son detenidos. Las operaciones también afectan la seguridad, la educación, la salud pública y la actividad económica, además de debilitar la confianza de la población en las instituciones.

A esta situación se suma la forma en que se ejecutan algunos operativos: agentes con pasamontañas, gafas oscuras y ropa de civil, vehículos sin distintivos y negativa a identificarse. Según los fiscales, estas prácticas incrementan la incertidumbre y el temor entre los residentes de las comunidades donde se realizan las detenciones.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, sostuvo que las acciones del gobierno han provocado daños que contradicen la promesa presidencial de concentrar las deportaciones en delincuentes violentos.

“Existe una razón por la que el debido proceso básico existe en Estados Unidos y Trump necesita aprender a respetar la ley”, afirmó Tong, al denunciar que las operaciones apresuradas y agresivas han ocasionado muertes, lesiones y separaciones familiares.

El caso forma parte de la demanda colectiva Escobar-Molina contra el DHS, presentada en 2025, que cuestiona la legalidad de estas prácticas. Con su intervención, los fiscales buscan que el tribunal considere las repercusiones de los arrestos no solo sobre las personas afectadas, sino también sobre la estabilidad de los estados que representan.

El impacto económico y social constituye otro eje central de su argumento. Los territorios de la coalición albergan, en conjunto, a más de 30 millones de migrantes, quienes representan aproximadamente el 19 por ciento de la fuerza laboral estadounidense y contribuyen al funcionamiento de empresas, escuelas, servicios públicos y otras actividades esenciales.

Los fiscales sostienen que los estados tienen un interés sustancial en garantizar que la aplicación de las leyes migratorias respete los límites fijados por el Congreso. Advierten que el cumplimiento de la ley no puede separarse de las garantías legales ni de la obligación de evaluar las circunstancias de cada caso.

La coalición está integrada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, además del Distrito de Columbia.

La disputa coloca nuevamente en el centro del debate los límites de la política de deportaciones de Trump: la facultad del gobierno para hacer cumplir las leyes migratorias no elimina la obligación de respetar el debido proceso. La resolución judicial podría resultar relevante para determinar hasta dónde pueden llegar los agentes federales cuando realizan arrestos sin orden y qué controles deben observar para evitar detenciones arbitrarias.

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