EU endurece su política laboral migrante, el golpe directo a los trabajadores mexicanos

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 31 de octubre de 2025.- y que le digo... A partir de este jueves 30 de octubre de 2025, Estados Unidos dará un nuevo giro restrictivo a su política migratoria laboral.

Pues sí, el gobierno de Donald Trump pondrá fin a la extensión automática de los permisos de trabajo para migrantes —los conocidos Employment Authorization Documents (EAD)—, marcando un nuevo giro restrictivo en la política laboral estadounidense.

Lo que parece una simple modificación administrativa, en realidad, representa un golpe directo al corazón productivo del país y, de manera muy particular, a la comunidad mexicana, que constituye el pilar más amplio y estable de la fuerza laboral extranjera en Estados Unidos. 

El regreso del control burocrático 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) justifican la medida bajo el argumento de “fortalecer la verificación de antecedentes”. Pero más allá de ese lenguaje técnico, la decisión encierra una lógica política: reinstalar la incertidumbre como herramienta de control.

A partir de este 30 de octubre, los migrantes deberán esperar la aprobación final de su renovación para poder seguir trabajando, sin importar que ya hayan cumplido con los requisitos o que dependan de ese empleo para sostener a sus familias. 

Durante la administración de Joe Biden, la extensión automática por 540 días fue una válvula de estabilidad. Permitió que más de 400 mil personas mantuvieran su empleo mientras esperaban la renovación de su permiso. Entre ellos, decenas de miles de mexicanos con residencia temporal, solicitantes de asilo, cónyuges de trabajadores especializados y beneficiarios de programas humanitarios.

Con la decisión de Trump, esa franja de seguridad desaparece y vuelve la figura del “migrante suspendido”: legal, pero sin derecho a trabajar. 

Los mexicanos, los más expuestos 

El impacto sobre los migrantes mexicanos será inmediato y desproporcionado.

De los más de 8 millones de trabajadores extranjeros en Estados Unidos, alrededor del 62 % son de origen mexicano. Muchos de ellos cuentan con EAD asociados a procesos de residencia, peticiones familiares o programas de regularización diferida.

El fin de la extensión automática los colocará en una situación crítica: perderán su fuente de ingresos mientras esperan la renovación y, en algunos casos, corren el riesgo de ser reemplazados en sus puestos de trabajo. 

La paradoja es evidente. Son los mismos trabajadores que sostienen sectores esenciales de la economía estadounidense: la agricultura en California, la construcción en Texas, la manufactura en el Medio Oeste y los servicios en grandes ciudades como Chicago, Houston y Los Ángeles. Sin ellos, buena parte de la cadena de suministro nacional se vería afectada en cuestión de semanas. 

Aun así, la nueva política los trata como un riesgo administrativo y no como un componente productivo. Cada solicitud pendiente se convertirá en un período de vulnerabilidad económica. Muchos de estos trabajadores viven al día, envían remesas constantes a México y no pueden darse el lujo de interrumpir sus ingresos.

Según datos del Banco de México, en 2024 las remesas enviadas desde EU superaron los 63 mil millones de dólares —una cifra récord que depende directamente de la continuidad laboral de los migrantes—. Si se interrumpe esa fuente, los efectos se sentirán a ambos lados de la frontera. 

La política del miedo administrativo 

El discurso oficial —encabezado por Joseph Edlow, director del USCIS— insiste en que se trata de una medida para “proteger la seguridad de los estadounidenses”. Pero esa narrativa de sospecha vuelve a criminalizar la presencia migrante, incluso la de quienes cumplen con todas las obligaciones legales.

Se reinstala la idea de que todo trabajador extranjero debe ser reexaminado constantemente, como si su permanencia legítima necesitara ser probada una y otra vez. 

El fin de las extensiones automáticas no solo paralizará a individuos, sino también a empresas que dependen de ellos. En estados como Illinois, Nevada, Arizona y Nuevo México, donde la población mexicana conforma hasta un tercio de la fuerza laboral en ciertos sectores, las interrupciones en los permisos podrían significar pérdidas millonarias por falta de personal. La medida es, en los hechos, una política de autoboicot económico disfrazada de seguridad nacional. 

Un giro con implicaciones diplomáticas 

Para México, esta decisión reabre un frente diplomático complejo. La eliminación de la extensión automática se interpreta en los hechos como un endurecimiento hacia la comunidad mexicana residente, justo cuando ambos países dependen de una cooperación estrecha en materia de movilidad y comercio. La política migratoria estadounidense, sin embargo, se mueve nuevamente bajo la lógica unilateral: prioriza el control interno y deja en segundo plano los efectos binacionales. 

El mensaje político: Trump busca reinstalar la idea de que el Estado puede “ordenar” la presencia migrante mediante la presión administrativa. Pero el costo será alto: más desempleo temporal, más irregularidad involuntaria y un aumento inevitable en la vulnerabilidad social de comunidades enteras. 

México, por su parte, enfrenta el reto de responder diplomáticamente a una medida que impactará a miles de familias con vínculos en ambos países. El silencio o la pasividad institucional equivaldrían a convalidar una política que afecta directamente la economía mexicana vía remesas, consumo y estabilidad social. 

Migración mexicana: del sueño americano a la precariedad legal 

La eliminación de las prórrogas automáticas revela una contradicción central: Estados Unidos necesita la fuerza laboral mexicana, pero al mismo tiempo la subordina a un sistema de permisos precarios y lentos. Es una relación de dependencia asimétrica que beneficia al mercado, pero castiga al trabajador. 

Los migrantes mexicanos no buscan privilegios, sino continuidad. Han demostrado disciplina, productividad y compromiso con el país que los emplea. Sin embargo, la nueva política los empuja a un terreno de incertidumbre que raya en la humillación institucional: el trabajador cumple, el Estado falla, y aun así el trabajador paga las consecuencias. 

En el fondo, lo que se está erosionando no es solo un mecanismo administrativo, sino el principio mismo de confianza que sostiene la relación laboral entre el migrante y el Estado. Cuando la legalidad deja de proteger y comienza a castigar, la frontera ya no está en el mapa: está en el escritorio del burócrata que decide quién puede seguir trabajando. 

Epílogo: control en lugar de cooperación 

La historia migratoria entre México y Estados Unidos siempre ha oscilado entre la integración económica y la desconfianza política. Esta nueva medida se inscribe en la segunda lógica: la del control. Pero el control tiene límites. No puede sustituir a la cooperación, ni mucho menos a la interdependencia que une a ambos países. 

Al eliminar la extensión automática de los permisos de trabajo, Estados Unidos no fortalece su seguridad: debilita su sistema productivo, tensiona su relación con México y vulnera a una comunidad que, desde hace generaciones, ha contribuido al crecimiento del país con trabajo honesto y perseverancia. 

En tiempos donde la economía global exige flexibilidad y colaboración, Washington apuesta por la rigidez y el miedo. Es una decisión que no solo reabre heridas, sino que vuelve a poner en duda la promesa más elemental del sueño americano: que el esfuerzo, la ley y el trabajo sean suficientes para vivir con dignidad.  Así las cosas...

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