Estafas migratorias como negocio de la desesperación

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 29 de noviembre 2025.- En el vasto y complejo universo migratorio de Estados Unidos, hay un capítulo particularmente oscuro que sigue creciendo sin freno: el de las estafas y fraudes migratorios que cada año despojan a miles de familias mexicanas de sus ahorros, su tranquilidad y, en ocasiones, incluso de su posibilidad real de permanecer en el país.

Estimado lector esto se ha convertido en un ecosistema ilícito que prospera en la intersección perfecta entre la necesidad, el miedo y la falta de información.

Los llamados notarios, gestores o “consultores migratorios” han creado un mercado multimillonario basado en una premisa simple: vender esperanza.

La promesa es siempre la misma—arreglos rápidos, perdones automáticos, peticiones exprés, visas que no existen y conexiones mágicas en “inmigración”. El método también es conocido: cobran miles de dólares por adelantado, entregan documentos falsos o incorrectos, llenan formularios con datos que ponen en riesgo el futuro del solicitante y desaparecen cuando las consecuencias aparecen en el buzón del migrante en forma de una carta de rechazo, una cita ante un juez o, peor aún, una orden de deportación.

La trampa está en el vacío institucional. El sistema migratorio estadounidense es deliberadamente enredado; requiere conocimientos jurídicos, dominio del idioma y capacidad económica para pagar a un abogado certificado.

En esa maraña, miles de mexicanos —muchos con décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos— se convierten en presas fáciles. No cuentan con información clara, no entienden los procesos, temen exponerse y, sobre todo, buscan regularizarse en un país que les cierra sistemáticamente la puerta.

Aquí reside la contradicción fundamental: el Estado que se beneficia del trabajo mexicano tolera, por omisión, un ecosistema donde la estafa es más accesible que el asesoramiento legal legítimo. A falta de políticas públicas que protejan al migrante y de campañas de información sostenidas, florecen las oficinas improvisadas en centros comerciales, los anuncios en radio local prometiendo “papeles garantizados” y las redes en WhatsApp donde corre el rumor de que “ya hay un nuevo perdón”.

Y mientras las instituciones miran hacia otro lado, las consecuencias son trágicas. Familias endeudadas, procesos arruinados, solicitudes bloqueadas por años, pérdida de estatus, deportaciones que pudieron evitarse. Cada caso es un recordatorio de que la vulnerabilidad migrante no solo proviene del gobierno: también de quienes, dentro de la propia comunidad, explotan el miedo para enriquecerse.

Qué les puedo decir: frente a este panorama, es urgente elevar la voz. No como un lamento, sino como una exigencia. Se necesitan políticas claras de protección al consumidor migrante, recursos accesibles en español, mecanismos de denuncia seguros y, sobre todo, una campaña nacional que explique con claridad lo que sí y lo que no puede hacer un abogado de inmigración. No basta con decir “no se deje engañar”; hay que construir condiciones reales que impidan el fraude.

Dónde esta la protección que debieran prestar los Consulados. En verdad, y lo digo claro: nuestros connacionales, nuestros paisanos no merecen navegar un sistema donde la trampa es regla y la protección, excepción. Combatir las estafas migratorias no es solo un asunto legal: es un acto de justicia mínima para quienes ya ponen demasiado. Así las cosas...

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