Estados Unidos duplica al ICE y endurece la guerra contra los migrantes

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 7 Enero 2026.- Se incorporaron 12 mil nuevos agentes al Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Significa un crecimiento sin precedentes del ICE, pero también marca un punto de inflexión peligroso en la política migratoria estadounidense.

El aumento es del 120%, y eleva la fuerza total a 22 mil efectivos, con lo que el ICE deja de ser una agencia administrativa para convertirse, de facto, en una megaestructura de seguridad interna, con un presupuesto estimado de 75 mil millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo.

No se trata de una política de control migratorio: es la militarización sistemática de la movilidad humana.

El discurso oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es: más agentes para más arrestos, más operativos y más “remociones”, con la meta explícita de un millón de deportaciones anuales. La eliminación de los límites de edad para el reclutamiento —permitiendo que jóvenes desde los 18 años integren una fuerza con amplias facultades coercitivas— y una campaña masiva de propaganda bajo el lema Defend the Homeland revelan una estrategia que apela al miedo, al nacionalismo excluyente y a la deshumanización del migrante como enemigo interno.

Este giro tiene consecuencias directas y devastadoras para los mexicanos migrantes en Estados Unidos, la comunidad extranjera más numerosa y una de las más vulnerables frente a estas políticas.

Millones de trabajadores mexicanos —muchos con décadas de residencia, con hijos ciudadanos estadounidenses, insertos en sectores clave como la construcción, el campo, los servicios y la salud— viven hoy bajo una amenaza permanente de detención y separación familiar. El fortalecimiento del ICE no distingue trayectorias de vida ni aportaciones económicas: convierte la cotidianeidad migrante en un estado de persecución constante.

Más grave aún, las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre abusos del ICE —incluyendo detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza e incluso arrestos de ciudadanos estadounidenses— confirman que esta expansión no viene acompañada de controles democráticos efectivos. Cuando una agencia con un historial documentado de violaciones a derechos humanos recibe más poder, más recursos y menos límites, el resultado no es seguridad: es impunidad institucionalizada.

Para México, este escenario debería encender todas las alertas. Sin embargo, la respuesta del Estado mexicano sigue siendo tibia, reactiva e insuficiente. Frente a una maquinaria de deportación en expansión acelerada, la protección consular, la defensa legal estratégica y la presión diplomática multilateral continúan siendo fragmentarias. Cada nuevo agente del ICE desplegado en territorio estadounidense representa un riesgo adicional para un connacional que, en la práctica, enfrenta solo un sistema diseñado para expulsarlo.

La expansión del ICE no es un asunto técnico ni administrativo, es una decisión política que redefine a los migrantes como una amenaza y normaliza su persecución como política pública. En ese contexto, callar, minimizar o “administrar” el daño equivale a ser cómplice. La pregunta ya no es cuántos agentes más tendrá el ICE, sino cuántos derechos más se está dispuesto a sacrificar en nombre de una seguridad que se construye sobre el miedo y la exclusión.

Para los mexicanos migrantes en Estados Unidos, el mensaje es claro y alarmante: el endurecimiento no es coyuntural, es estructural. Y para México, la omisión ya no es solo diplomática: es una falla histórica en la defensa de su propia diáspora. Así las cosas... Hasta la próxima.

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