El Estado ausente y la diplomacia de los leales

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 11 de noviembre 2025.- México presume, con razón, tener una de las redes consulares más amplias del mundo. Más de cincuenta consulados en Estados Unidos operan bajo la bandera de la “diplomacia protectora”. Su misión: garantizar asistencia legal, orientación y respaldo a los connacionales que enfrentan procesos migratorios o detenciones. Sin embargo, esa red, que debería ser la primera línea de defensa de millones de mexicanos en el extranjero, ha perdido su sentido de servicio público.

Detrás del discurso oficial de que “ningún mexicano está solo” se esconde una red burocrática, lenta y desarticulada, donde la atención humanitaria es sustituida por trámites y ceremonias. En los centros de detención del ICE, los migrantes enfrentan procesos sin abogado, sin intérprete y, muchas veces, sin la presencia de su propio consulado. Esa ausencia tiene un origen político: los nombramientos por lealtad, no por mérito.

En los últimos años, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha normalizado el nombramiento de embajadores y cónsules sin carrera diplomática ni experiencia en asuntos consulares. Los cargos, antes reservados a profesionales del Servicio Exterior Mexicano, se han convertido en premios de fidelidad política.

Datos legislativos confirman que uno de cada tres embajadores actuales no pertenece al Servicio Exterior, desplazando a personal de carrera. El patrón se repite: el exgobernador Rutilio Escandón, propuesto para el consulado en Miami; el periodista Genaro Lozano, designado embajador ante Italia; o Luis Rodríguez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional, perfilado para Dallas. Ninguno con experiencia en derecho migratorio, gestión consular o negociación binacional.

El resultado es una diplomacia sin brújula, donde las oficinas se reducen a escaparates de relaciones públicas. Mientras el personal improvisa ante casos de deportación, el Estado mexicano celebra nombramientos “de confianza” como si la lealtad partidista sustituyera la competencia profesional.

Ante la ineficacia institucional, la defensa de los migrantes ha pasado a manos de la sociedad civil estadounidense. En Texas, California, Illinois o Arizona, son organizaciones como RAICES, Al Otro Lado, Immigrant Defenders Network, United We Dream o la Catholic Legal Immigration Network las que representan cada año a miles de mexicanos detenidos o en proceso de deportación.

Lo hacen con recursos limitados, sin apoyo gubernamental y muchas veces enfrentando trabas burocráticas de los propios consulados. En estos espacios —levantados por activistas, abogados jóvenes y descendientes de migrantes— se tejen verdaderas redes de justicia: desde la localización de detenidos hasta la traducción de documentos y la apelación de casos.

Mientras tanto, los consulados suelen intervenir cuando los procesos ya concluyeron o cuando un caso se vuelve mediático. En comunidades donde organizan ferias o asesorías, la ayuda suele ser superficial. Faltan abogados acreditados en cortes migratorias y no existen protocolos claros de coordinación con las oficinas de legal aid locales. México mantiene uno de los aparatos consulares más grandes y costosos del mundo, pero la defensa real de sus ciudadanos proviene de voluntarios extranjeros.

El problema no es solo político: también es administrativo. El presupuesto destinado a “Protección a Mexicanos en el Exterior” crece cada año, pero nadie puede evaluar con precisión sus resultados. No hay métricas verificables sobre asesorías jurídicas, deportaciones evitadas o convenios de defensa.

El propio personal diplomático de carrera ha denunciado el desmantelamiento del Servicio Exterior: fondos sin auditoría clara, falta de capacitación en derecho migratorio, y ausencia de criterios técnicos para asignar recursos. Lo que debería ser una red de defensa jurídica binacional se ha convertido en un aparato simbólico con presupuesto creciente y eficacia decreciente.

Cada mexicano deportado sin abogado representa una derrota institucional; cada familia separada mientras el consulado organiza un acto protocolario, una afrenta moral. La política exterior mexicana, subordinada a intereses partidistas, ha renunciado a su dimensión más esencial: la protección de su gente. Pues sí... Así las cosas.

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