Redacción
Tijuana.- Con el argumento de que el Poder Judicial se ha alejado de la ciudadanía al aumentar las audiencias virtuales y con la falta de acceso a sesiones públicas, el diputado local Juan Manuel Molina apoyó en un debate televisivo la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a quienes imparten justicia a través del voto popular.
El coordinador de la fracción morenista en el Congreso bajacaliforniano afirmó que a diferencia del actual proceso de designación de jueces, que pasa por intermediarios políticos, la propuesta pretende democratizar el proceso para que el pueblo sea quien decida directamente quiénes serán los encargados de impartir justicia.
"La pregunta que yo haría en esta mesa sería, ¿se necesita o no se necesita una reforma? porque si alguien dice que no se haga, sería como decir que todo está bien y yo creo que ahí la ciudadanía empezaría a dudar", indicó Molina García en el debate donde la contraparte fue María del Socorro López Villarreal, jueza tercera de Distrito, quien acudió en representación de los funcionarios del PJF.
El pueblo, al igual que tiene la facultad y el derecho de elegir su forma de gobierno, también debería tener el derecho de asignar a quienes integran los tres poderes, incluyendo no solo el legislativo y el ejecutivo, sino también el judicial, argumentó el legislador, quien aseveró que los jueces y magistrados del Poder Judicial reciben prestaciones significativamente superiores a las de otros servidores públicos. Mientras un diputado local percibe una dieta mensual de aproximadamente 63 mil pesos y no cuenta con gratificaciones adicionales como aguinaldo o liquidación por término de encargo, un juez de distrito tiene un salario mensual superior a los 139 mil pesos, más del doble de lo que gana un diputado.
Además, dijo, los jueces reciben un aguinaldo de 261 mil 672 pesos, y un pago por riesgo de 424 mil 558 pesos, según el manual de percepciones del Poder Judicial para 2024. De ahí las interrogantes sobre la justificación de estos pagos y la necesidad de revisar las políticas salariales en este poder del Estado, señaló.
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