Deportar para gobernar

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 10 de junio 2025.- La persecución migrante es más ahora como una estrategia de poder y una política de miedo contra los más vulnerables. Pero aún hay más. Ésta se da en un momento de crisis interna, con el fracaso de las promesas económicas y la creciente impopularidad de la agenda fiscal, en el que el gobierno de Donald Trump ha optado por intensificar su ofensiva.

La preocupación es mayor. El temor de las organizaciones que defienden a migrantes es que la persecución se extienda a otros estados. Lo advierte Ben Monterroso, consejero de la Comisión De Asuntos Políticos de Fuerza Migrante.

Esta vez, el epicentro de la represión fue California, donde operativos de gran escala ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reactivaron una maquinaria de persecución que recuerda a los episodios más oscuros del pasado estadounidense.

No se trata de detener delincuentes, como la narrativa oficial insiste en repetir, sino de criminalizar la búsqueda de regularización. Las redadas se han realizado en tribunales de inmigración y centros de trabajo, alcanzando a personas sin antecedentes penales, cuyo único "delito" es intentar vivir con dignidad bajo un sistema que constantemente los margina. A la tragedia de la separación familiar se suma una violencia institucional que ha puesto a la Guardia Nacional en las calles, en una escena que no se veía desde hace más de medio siglo.

Este tipo de medidas, adoptadas unilateralmente desde Washington y sin el consentimiento de gobiernos estatales como el de California, constituyen un abuso de poder que socava el federalismo y refuerza el carácter autoritario de una administración que opera con tintes de dictadura. La decisión de enviar fuerzas militares internas contra comunidades civiles organizadas, en pleno ejercicio de su derecho a la protesta, no solo es un error estratégico, sino una provocación consciente que apunta a desatar una escalada peligrosa.

Lejos de intimidar, estas agresiones han reactivado la resistencia comunitaria. Organizaciones binacionales como Fuerza Migrante se han convertido en un pilar fundamental para la defensa de derechos y la organización del liderazgo migrante a ambos lados de la frontera. Con base en su legitimidad social, articulación política y capacidad de movilización, Fuerza Migrante ha denunciado con claridad lo que realmente está en juego: no se trata de seguridad nacional, sino de una estrategia de distracción y control social frente al estancamiento político de una administración decadente.

La historia migrante de Estados Unidos es larga, compleja y profundamente marcada por ciclos de exclusión y resistencia. Sin embargo, lo que vivimos hoy no es un simple retroceso. Es una cacería con tintes ideológicos, sostenida por una narrativa racista que busca reinstalar el miedo como método de gobierno. El paralelismo con los años 80 es útil, pero insuficiente: entonces fue un estado, ahora es una nación entera bajo una embestida coordinada y cada vez más militarizada.

La respuesta de las comunidades migrantes ha sido firme: no hay intimidación que alcance cuando la dignidad y la memoria colectiva se transforman en organización. California, como estado santuario, ha marcado una línea de defensa institucional que podría replicarse en otras entidades. Pero no será suficiente si el silencio federal se impone o si el miedo paraliza al resto del país.

Frente a esta coyuntura, el papel de organizaciones como Fuerza Migrante no es solo reactivo, sino propositivo. Articulan redes binacionales de defensa, promueven el empoderamiento político de la diáspora y exigen que los derechos humanos no sigan siendo rehenes de agendas electorales. Su labor es hoy más necesaria que nunca, porque lo que está en juego no es solo el destino de millones de migrantes, sino la vigencia misma de la democracia en Estados Unidos.

La persecución migrante no es solo una tragedia humanitaria: es también una alerta temprana del deterioro institucional y del uso del poder para la represión de lo diferente. No se puede pedir calma a quien teme perder a su familia. No se puede exigir silencio a quienes ya han sido despojados de todo, menos de su voz.

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