Cuestionable Nueva Ley del Agua

Jaime Flores Martínez

Viernes 28 de noviembre del 2025.- Aunque el gobierno pretende que el agua deje de ser “una mercancía”, la mayoría de los agricultores aseguran que el proyecto de la Ley del Agua será “la ruina de la agricultura nacional”.

Y es que la propuesta de la autoridad promete convertir el agua en un derecho humano y un bien estratégico del Estado mexicano.

Sin embargo, señalan agricultores, detrás de esas “buenas intenciones” se encuentra el interés de expropiar los derechos de los campesinos y apoderarse de un bien de todos los mexicanos.

Si acaso alguien se pregunta por qué se alarman los campesinos ¿si el gobierno tiene buenas intenciones? Alguien debe señalar que la nueva ley busca que el Estado recupere la rectoría absoluta del agua: ya no será mercancía, dicen, sino un recurso vital regulado por el gobierno.

Habrá que subrayar que en sus reformas más drásticas: contempla que sólo el gobierno federal podrá otorgar concesiones de uso de agua. Se prohíbe la transferencia de concesiones entre particulares. 

Se planea la creación de un Registro Público Nacional del Agua, para —supuestamente— transparentar que tiene cada cual, lo que puede significar la fiscalización profunda de hasta al último agricultor. 

Obvio se endurecerían las sanciones a quienes utilicen el agua sin concesión, o modifiquen cauces (aunque sea por lluvias). Quienes incurran en esto podrían enfrentar multas de entre 2 y 5 millones de pesos. 

También se incluye la posibilidad de penalizar actos que hasta hoy se entendían como administrativos, entre ellos la sobre explotación, el uso sin permiso, cambios mínimos en cauces y el uso “no autorizado” del recurso.  Evidentemente—en la retórica oficial— esto suena a justicia ambiental y el fin de la privatización del agua, además de la protección del recurso.

Sin embargo, para quienes viven del campo, dependen del agua para sembrar, regar sus tierras y con ello alimentar familias, este proyecto se perfila como una ley letal: una puerta abierta a la criminalización general.

Para muchos la pregunta es por qué los campesinos sienten que esta intención es una sentencia.

La gran mayoría del sector agrícola considera que la ley “criminaliza al campo”: una simple desviación del cauce natural por lluvias, una cosecha con riego informal, podría costar millones o incluso la cárcel. 

La prohibición de transmitir concesiones coloca la utilización del agua bajo regulaciones rígidas: muchos temen perder su patrimonio, ya no tendrán la posibilidad de vender, heredar o arrendar sus tierras con derechos de agua. 

Con un esquema tan rígido, el financiamiento y la inversión para el campo quedarían paralizados: los bancos ya no tendrían certeza jurídica y los pequeños agricultores quedarían excluidos del sistema.

Según críticos y representantes del sector, está ley no resuelve la crisis hídrica del país: no llega acompañada de presupuesto serio, infraestructura, ni políticas para garantizar agua potable real. 

En pocas palabras, la impresión es lo que el gobierno vende como “ordenamiento”, muchos lo viven como “despojo”, “represión” y “muerte al campo”.

¿Cuándo?

Según medios que siguen la discusión legislativa, el impulso al proyecto es fuerte: el Congreso buscaría aprobar la ley antes del 15 de diciembre próximo.

Aunque legisladores del oficialismo han señalado que habrá “correcciones” —especialmente en lo relativo a concesiones y su transmisión— advierten que esas modificaciones no evitarán que el núcleo central sea aprobado.