CHIRLA, 40 años defendiendo migrantes, una lucha que ya no tiene fronteras

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 9 Octubre 2026.- Se cumplieron 40 años de su fundación, y hoy por hoy la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA) enfrenta una tarea que sintetiza la evolución de la #migración contemporánea: acompañar a las personas sin importar de qué lado de la frontera se encuentren.

Porque migrar, ser deportado o solicitar protección no debería significar perder derechos ni quedar fuera del alcance de la justicia.

Hay que entenderlo, las fronteras delimitan territorios, pero no deben delimitar la dignidad humana. Ese es el sentido de una lucha que comenzó en California y que hoy busca extender su compromiso hasta México.

Es así que de la defensa de los indocumentados en California a la atención de quienes transitan, retornan o buscan protección en México, la organización enfrenta el desafío de convertir cuatro décadas de experiencia en una respuesta binacional ante una crisis migratoria cada vez más compleja.

La historia demuestra que la #DefensadelosMigrantes no puede limitarse a discursos de solidaridad. Requiere organización, asesoría legal, incidencia política y presencia permanente allí donde se vulneran los derechos humanos. Fundada el 17 de septiembre de 1986, en un ambiente de hostilidad contra la población inmigrante, @CHIRLA cumple cuatro décadas de trabajo con una misión que ha rebasado las fronteras de Estados Unidos y hoy también tiene una dimensión estratégica en México.

En sus orígenes, bajo el liderazgo del padre Luis Olivares, entonces pastor de la iglesia Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, CHIRLA surgió como una respuesta comunitaria frente a la discriminación y las políticas que colocaban a los inmigrantes en condiciones de mayor vulnerabilidad. Cuatro décadas después, bajo la dirección de Angélica Salas, consolidó su presencia en Los Ángeles, Sacramento y Washington D. C., desde donde acompaña a las comunidades migrantes e interviene en los espacios donde se discuten, aprueban y ejecutan las políticas que afectan sus vidas.

Su trayectoria también se mide por las causas que ha impulsado. CHIRLA participó en la promoción del DREAM Act, en la defensa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y en los esfuerzos para garantizar licencias de conducir a personas indocumentadas en California. Estas acciones muestran que la defensa migrante no consiste únicamente en responder a las emergencias, sino en disputar espacios legales e institucionales para que millones de personas puedan vivir, trabajar y desplazarse con mayor seguridad.

Sin embargo, los avances conseguidos no han eliminado la incertidumbre. La detención migratoria, el temor a la separación familiar y las restricciones al acceso a derechos mantienen a numerosas personas en una situación de indefensión. Por ello, la exigencia de condiciones dignas y seguras en centros de detención como el de Adelanto, California, forma parte de una lucha que sigue siendo urgente. Ninguna política de control fronterizo justifica que se desatiendan la integridad, la seguridad y la dignidad de quienes permanecen bajo custodia.

La expansión a México: una respuesta a una realidad distinta

El trabajo de CHIRLA en México comenzó a tomar forma en 2018, cuando las caravanas migrantes llegaron a la frontera norte y la organización envió un equipo legal a Tijuana para ofrecer asistencia humanitaria y jurídica. Aquella intervención permitió identificar una necesidad que iba más allá de la atención a quienes intentaban ingresar a Estados Unidos: también hacía falta acompañar a las personas desde su llegada a territorio mexicano, durante su tránsito y frente a los obstáculos que encontraban para regularizar su situación o acceder a protección.

La respuesta se extendió hacia Tapachula, Chiapas, y la Ciudad de México, hasta que CHIRLA formalizó su presencia en el país el 10 de octubre de 2024. Al frente de esta etapa se encuentra Esmeralda Flores, abogada formada en Tijuana, cuya experiencia profesional incluye el trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la atención a personas retornadas en la Casa del Migrante de Tijuana y su colaboración con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en San Diego.

Su trayectoria refleja una realidad que México no puede ignorar: el país dejó de ser únicamente un territorio de salida para convertirse también en espacio de tránsito, destino y retorno. Esa transformación exige instituciones capaces de responder a perfiles y necesidades muy diferentes, desde quienes buscan protección internacional hasta quienes son deportados después de años de residencia en Estados Unidos. En todos esos escenarios, la orientación jurídica y el acompañamiento pueden marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida.

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