Redacción
Tijuana.- Las personas servidoras públicas que no soliciten, emitan o ejecuten las órdenes de protección en términos de la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia podrían ser sancionadas, luego de que la diputada Michel Sánchez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California para tipificar la violencia institucional.
La propuesta establece que se sancione a quien discrimine públicamente la imagen de la mujer, asociándose a roles estigmatizados que impidan su empoderamiento o su acceso a la igualdad sustantiva, a una vida libre de violencia, o bien, a quien tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de sus derechos o su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos y modalidades de violencias.
La legisladora argumentó que las autoridades tienen la obligación de asegurar que sus acciones se encuentren encaminadas a garantizar el goce y ejercicio de los derechos, al bienestar, a vivir una vida libre de todas las formas de violencias y garantizar su integridad personal en todos los espacios.
Añadió que según un análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Gobierno de Baja California, elaborado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), entre 2015 y 2019 se presentaron 30 mil 858 intervenciones, de las que 11 mil 452 se calificaron como quejas, cifra que Sánchez Allende calificó como alarmante, ya que uno de los mayores retos que se observa para el goce y ejercicio de los derechos humanos es la omisión o el actuar de las autoridades.
Refirió que en Baja California, el único esfuerzo por plantear una definición específica para el concepto de Violencia Institucional en términos jurídicos es la que señala la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, pero no hay una sanción expresa en el ámbito del derecho penal.
La diputada destacó que la iniciativa fue inspirada en las propuestas para atender la Alerta de Violencia de Género contras las Mujeres, así como en la reciente Recomendación 8/2024 emitida por la CEDHBC, que resultó de la violencia feminicida en agravio de Daryela en enero de 2023, previo a la revictimización tras las llamadas que realizó al 911 para solicitar la intervención de protección policial y las dos denuncias que presentó antes de ser víctima de feminicidio.
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