Busca que servicio público en BC garantice trato digno, igualitario y libre de discriminación a la ciudadanía

Redacción

Tijuana, 16 de julio de 2026.- Con el fin de que las y los ciudadanos reciban un trato digno, igualitario, imparcial y libre de discriminación en instituciones públicas, la diputada Alejandrina Corral presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

La legisladora busca incorporar en la ley la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y la debida diligencia como directrices obligatorias para las personas servidoras públicas de Baja California, sin crear nuevas faltas administrativas ni modificar el régimen de responsabilidades vigente. 

En ese sentido, Corral Quintero propone adicionar una fracción XI al artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, a fin de consolidar un servicio público más cercano, incluyente y respetuoso de los derechos de las personas. 

La inicialista argumentó que la Constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Además, establece que México mantiene compromisos internacionales para prevenir la discriminación y garantizar una atención con pleno respeto a la dignidad humana. 

La congresista destacó que el servicio público constituye el principal vínculo entre el Estado y la ciudadanía, por lo que resulta indispensable que quienes ejercen un cargo público actúen con igualdad, respeto y apego a los derechos humanos. Su iniciativa pretende fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, al establecer de forma expresa la obligación de aplicar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y la debida diligencia en la prestación de los servicios públicos, con especial beneficio para los grupos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. 

El proyecto también contempla que las dependencias, entidades y órganos constitucionalmente autónomos impulsen acciones de capacitación para las personas servidoras públicas en materia de perspectiva de género, igualdad sustantiva, derechos humanos y atención libre de discriminación; estas acciones se realizarán con los recursos ya autorizados, sin generar gasto adicional.