Busca fortalecer transparencia con requisito fiscal para participar en contratos de obra pública

Redacción

Tijuana, 23 de agosto de 2025.- Afirmando que la transparencia en la selección de proveedores para obras públicas no debe ser una opción, sino un requisito obligatorio, el diputado Ramón Vázquez propuso reformar la ley estatal en la materia, para establecer como requisito obligatorio la presentación de la opinión positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que personas físicas y morales puedan participar, ser adjudicadas o formalizar contratos en procedimientos de contratación de obras públicas.

"La contratación de obra pública representa una de las áreas más sensibles en la administración de los recursos del Estado. Sin embargo, la falta de mecanismos adecuados para verificar a los proveedores ha facilitado prácticas de corrupción, sobrecostos y adjudicaciones discrecionales", apuntó el legislador, y resaltó que la transparencia en la selección de proveedores es requisito para garantizar la legalidad, eficiencia y ética en el uso del dinero público, por lo que debe ser obligatoria.

En su exposición de motivos, Vázquez Valadez destacó que estudios han documentado sobrecostos del 17% al 36% en licitaciones, así como que entre el 55% y 65% de los contratos se otorgan por adjudicación directa o con ofertantes únicos. También recordó el caso de “La Estafa Maestra”, en el que 11 dependencias federales triangularon recursos públicos mediante universidades y empresas fantasma, generando pérdidas millonarias.

“Una herramienta clave para garantizar la probidad del proveedor es requerir la opinión positiva del SAT. Esta opinión es el documento oficial que acredita que el proveedor está al corriente en sus obligaciones fiscales, y goza de buena reputación ante la autoridad tributaria”, detalló el inicialista.

En ese contexto la iniciativa de reforma  al artículo 38 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado, busca profesionalizar los procesos de contratación pública, cerrar espacios a la corrupción y asegurar que los recursos destinados a infraestructura se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía.